Días atrás, como anticipó en exclusiva Metadata, la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, presentó un escrito en la Oficina Anticorrupción para que se investigue el cumplimiento de la ley que obliga a pagar el valor de un litro de combustible diésel premium por la descarga de cada cajón de langostino.
Lo cierto, es que a pesar de la ley y del revés de la justicia, el canon no se paga. En este contexto, la diputada del interbloque, Rossana Artero, presentó un pedido de informe para conocer “los Importes ingresados al erario provincial en virtud de la percepción del Fondo Ambiental Provincial (FAP), desde la entrada en vigencia de la ley I N° 620, indicando cajones desembarcados, importe, sujeto obligado e intereses”.
En la misma dirección, ahonda en los importes depositados a los municipios y aclara que, en caso de no percepción, que informe sobre las “intimaciones realizadas”.
También exige al Gobierno una copia de emisión de cada certificado de deuda emitido y actuaciones de la Fiscalía de Estado para perseguir el cobro.
Por último, el pedido de informe requiere los “avisos realizados a la autoridad portuaria en orden a suspender los servicios portuarios al sujeto deudor, negando los desembarcos”.