La presentación fue realizada por la directora de la Oficina de la Mujer, Mariana Ripa y participaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas y Alejandro Panizzi; el Procurador General, Jorge Miquelarena; el Defensor Público, Sebastián Daroca; la coordinadora de la Escuela de Capacitación Judicial del Superior y Nadine Laporte.
Del informe se desprendió que la primera etapa del Programa Obligatoria de Género (Ley Micaela) alcanzó al 91 por ciento de todo el plantel del Poder Judicial.
Asimismo, de ese total, el 64,9% no había realizado nunca una capacitación en género y, del total de ese 64,9 por ciento, el 76,5% eran varones.
COBERTURA AMPLIA
Con este programa, el Poder Judicial puso a disposición de sus integrantes, no sólo la existencia y análisis del marco normativo de reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, sino las bases que sostienen la violencia y discriminación estructural hacia las mujeres y el colectivo LGTBIQ+.
Se tuvo presente en cada paso, a Micaela García y con ella a todas las demás mujeres que padecen la falta de capacitación en género y por lo tanto un inadecuado servicio de justicia.
Es la primera vez que una instancia de formación “tiene una cobertura tan amplia”, no sólo porque abarcó a la totalidad de las personas que lo integran, sin distinción de funciones o rangos jerárquicos, sino también por la temática, que se vincula a los derechos humanos y el género.
Esto fue posible por la decisión de política institucional que impulsaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y a la que adhirieron el Procurador General y el Defensor General.
La amplia cobertura permite establecer un piso mínimo común en torno a la visibilización de la problemática y a las herramientas teórica y normativas disponibles para el adecuado un servicio judicial.
La simultaneidad en las tres agencias, amplía las posibilidades de intervenciones con perspectiva de género Y multiplican las posibilidades de acciones respetuosas y transversales del enfoque de género para ofrecer un adecuado servicio de justicia.
CAPACITARSE PARA MEJORAR EL SERVICIO DE JUSTICIA
En cuanto a las motivaciones, el 80% sostuvo que lo hacía para brindar un buen servicio de justicia o por razones personales y sólo el 13% para cumplir con la obligación.
Las opiniones sobre igualdad, idoneidad, medidas de acción positiva, se modificaron luego de concluir las etapas de sensibilización y capacitación en función de la reflexión e interpelación planteada como objetivo a través del conocimiento.
A partir de la implementación del POG circularon discursos, argumentaciones y experiencias vitales en la mayoría de las oficinas del Poder Judicial que se vinculaban con la perspectiva de género, afianzando la agenda de género, corriendo el velo de la aparente neutralidad en torno a los derechos, oportunidades, igualdad y discriminación.
“Estos resultados son relevantes, no sólo para las personas que integran el Poder Judicial como institución sino, y principalmente, para quienes son destinatarias del sistema y para la sociedad en su conjunto”, concluye el informe realizado por la Ofician de la Mujer.