Según el organismo sanitario dependiente de Naciones Unidas (ONU), de las 300.000 mujeres que fallecen al año por complicaciones relacionadas al embarazo o al parto, entre 14.200 y 40.000 son atribuibles a los abortos peligrosos, practicados por una persona que no está capacitada, se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas o ambas circunstancias.
La cifra del Instituto Guttmacher, una ONG dedicada al progreso de la salud sexual y reproductiva, es aún mayor, acercándose a los 35 millones de abortos clandestinos al año, de los cuales 23.000 resultan mortales.
El continente con mayor riesgo de mortalidad materna es África, que reúne el 29% de los procedimientos inseguros del mundo, con una proporción de defunciones que asciende al 62%.
En líneas generales, mientras que en las regiones desarrolladas se registran 30 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos, la cifra aumenta hasta las 220 y las 520 por cada 100.000 en las regiones en desarrollo y en el África subsahariana, respectivamente.
En los países en desarrollo, hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas cada año a consecuencia de un aborto inseguro.
Según un balance publicado por la ONG sobre una investigación de la revista especializada The Lancet, el porcentaje de embarazos no deseados y de abortos, en términos comparativos, es similar entre países con acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y en los que está prohibido; no obstante, el índice de abortos sí es mayor donde está restringido.
En total, de las 73,3 millones de interrupciones provocadas anualmente a nivel global, alrededor de 24,4 millones se realizan sin condiciones mínimas de seguridad.
En base a estadísticas arrojadas por la OMS, sobre casos recabados entre 2015 y 2019, el continente asiático concentró más de la mitad de interrupciones clandestinas que hubo en el mundo.
Las estadísticas son más alarmantes en América Latina y África, donde tres de cada cuatro abortos practicados discurrieron en la clandestinidad.
En América Latina existe la interrupción legal en Uruguay, Guayana Francesa, Guyana, Puerto Rico y Cuba; mientras que por el contrario El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Surinam la prohíben en todas las circunstancias.
El resto de los países se divide entre los que la habilitan bajo orden terapéutica o justificaciones de salud, y si corre riesgo la vida de la mujer; argumentos que representan a 56 países -con 237 millones de mujeres en edad reproductiva- y 39 -con 359 millones-, respectivamente.
En ese marco, en la Argentina, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción hoy a un proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y ahora deberá analizarlo el Senado para una definición.
En esta región, además, donde el 97% de las mujeres en edad reproductiva vive en países con leyes de aborto restrictivas, las tentativas de limitar el acceso a la ILE son regulares.
El caso más reciente es el de Brasil, donde el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro emitió en agosto una resolución que exigía a la víctima de violación pruebas de violencia sexual y la presentación de un informe policial, entre otros requisitos, para acceder a la ILE.
El otro gran afectado es el continente africano: mientras que garantiza el derecho pleno al aborto en Sudáfrica, Mozambique y Tunicia; se permite bajo justificaciones socioeconómicas en Etiopía, Guinea y Zambia; y está vedado en Egipto, Gabón, Congo, Senegal, Madagascar, Sierra León y Mauritania.
El resto del territorio se distribuye entre los países que lo habilitan con fines terapéuticos o justificaciones de salud, y los que lo permiten en caso de riesgo de vida de la mujer.
Fuente: Télam