El pontífice decidió que a partir del 1 de enero de 2021 “fondos y cuentas bancarias, inversiones valores e inmuebles, incluidas inversiones en empresas y fondos de inversión” de la Santa Sede dejarán de ser administrados por la Secretaría de Estado y pasarán a manos de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el ente que gestiona los inmuebles del Vaticano.
La decisión del Papa, expresada en un Motu Proprio, o decreto pontificio de cuatro artículos, busca “una mejor organización de la administración, de los controles y de la vigilancia sobre las actividades económicas y financieras de la Santa Sede”, según los considerandos que llevan la firma del pontífice.
La decisión se da en medio de una serie de cambios impulsados por Francisco para darle mayor transparencia a la gestión de los fondos vaticanos, como busca desde su entronización en 2013, y luego del escándalo financiero por la compra de una propiedad de 200 millones de euros que derivó en el procesamiento de cinco funcionarios de la Secretaría de Estado.
Como parte de la investigación por las operaciones inmobiliarias sospechadas en Londres, el Papa decidió este año remover de su cargo al cardenal Angelo Becciu, responsable de los fondos de la secretaría de Estado entre 2011 y 2018.
Según afirma el Papa en su nuevo decreto, la reorganización busca “asegurar una gestión transparente y eficiente y una clara separación de competencias y funciones” en los Dicasterios (ministerios) vaticanos.
El Papa dispuso que la Secretaría de Estado debe trasladar al APSA, “a más tardar el 4 de febrero de 2021, todos sus activos líquidos mantenidos en cuentas corrientes mantenidas a su nombre en el Instituto de Obras de Religión o en cuentas bancarias extranjeras”.
Según la nueva norma, dentro de los fondos a manejar por el APSA se encuentran también los derivados del Óbolo de San Pedro, que el Papa destina a obras de caridad con dinero de colectas y donaciones.