Torres recordó que el Jefe de Gabinete “no respondió estas preguntas cuando fue consultado con anterioridad por par parte del poder legislativo nacional, por lo que decidí hacer un pedido formal a parte”, y agregó que el presupuesto 2021 “no prevé la continuidad de pandemia generada por el COVID19 que comenzó el año pasado, lo que no solo es un desacierto por los daños reales de la crisis, sino que además agrava la situación de incertidumbre generada en el sector privado”.
El diputado indicó que se presentaron dos pedidos de informes, el primero enfocado al “Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo”, consultando así sobre las transferencias realizadas a las MiPyMes radicadas en todo el sur del país, incluyendo a las provincias del Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Asimismo solicitando que se especifique la cantidad de empleos alcanzados, proyectos involucrados y etapa de ejecución para los programas involucrados como el “Fondo de Auxilio y Capacitación Turística”, el “Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos”, y el “Plan 50 destinos” para las provincias mencionadas.
Por otro lado, el segundo pedido se orienta a los importes transferidos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante el 2020 a las distintas provincias, indicando fechas e importes para cada una de ellas, y a los convenios firmados con las distintas jurisdicciones provinciales en el marco del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”, informando montos, plazos y tasas pactadas.
Finalmente, Torres hizo hincapié en el año en curso y manifestó que “es muy importante conocer cuáles van a ser las medidas concretas del gobierno nacional para paliar la crisis económica, y cuáles para detener la espiral de desempleo que se agrava mes a mes en una argentina donde casi la mitad del país es pobre”. Y continuó diciendo que “es necesario priorizar una agenda orientada hacia los sectores más afectados, como el turismo, y los sectores más vulnerables, con un acompañamiento en materia económica y financiera que responda a criterios federales objetivos y no políticos”.