En las últimas semanas hubo un común denominador en el sector del campo: Miles de productores de toda la Provincia empezaron a recibir notificaciones del Gobierno de Chubut, específicamente de la Dirección de Rentas Generales, intimándolos a la regularización del pago del Inmobiliario Rural que no se percibe desde 2004.
Las notificaciones llegan en un contexto extremadamente delicado que contiene una serie de variables que fue acorralando al sector del agro durante los últimos años: La sequía, las cenizas de un volcán que causó estragos en las producciones, la plaga de la tucura, nevadas extraordinarias, depredadores, abigeato, retenciones, falta de conectividad, competitividad y de incentivos a las economías regionales.
Este mix explosivo llevó a muchos pequeños y medianos productores a abandonar sus campos y ponerle fin a toda una vida dedicada al campo.
En este contexto, llega el cobro del Inmobiliario Rural, por el cual el gobierno provincial prevé recaudar aproximadamente 100 millones de pesos anuales, una cifra que no llega al 1% del presupuesto de Chubut que ronda en los 140.000 millones de pesos.
A pesar de eso, las notificaciones de Rentas fueron llegando a los distintos productores y titulares de campos de Chubut. La situación encendió las alarmas y hay preocupación en el sector.
Desde Provincia alegaron que las notificaciones no son definitivas y que servirá para depurar el padrón final. Lo cierto, es que el sistema informático de facturación ya está pulido y en marcha y las intimaciones se diseminaron a la largo y ancho de la provincia del Chubut.
Dos diputados provinciales de la UCR – Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera – se pusieron al frente de la situación y mantuvieron un encuentro con el equipo de la Dirección de Rentas Generales, que intentaron llevar tranquilidad y minimizaron el impacto.
En el comienzo de la próxima semana, está programa una reunión entre Rentas, la Federación y las Sociedades Rurales de Chubut en la que se analizará el alcance y el impacto de esta medida.
Pero el Gobierno está decidido a avanzar con el cobro de este impuesto debido a la sequía de ingresos en comparación con los gastos que tiene el Estado.