La legisladora provincial Rossana Artero puso la lupa en una ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados anterior y que creaba un fondo para conformado por una porción de las regalías petroleras destinado a asistir crediticiamente a personas que cuenten con terrenos y quieran construir su vivienda o dorarla de servicios de agua, gas y luz.
Como anticipó Metadata días atrás, la ley está vigente hace casi dos años y, sin embargo, ningún intendente realizó gestiones para reclamar los fondos que le corresponden por ley.
Cabe destacar, que el 4% de las regalías petroleras que conforman el fondo, debían ser retenidas en forma automática por el Ministerio de Economía, y transferirlas en forma inmediata a los municipios y comunas rurales.
En este contexto, Artero exigió al Gobierno de Mariano Arcioni que brinde información en torno “con qué recursos cuenta el Fondo creado por Ley XXV N° 61 (Fonvis) en la actualidad”.
Asimismo, solicita “detalle de las transferencias efectuadas a las Municipalidades y Comunas Rurales por virtud de lo dispuesto en la Ley Provincial XXV N° 61 por la cual se crea el Fonvis y su modificatoria XXV N° 62. En su defecto, informe deuda pendiente de transferencias a cada Municipalidad y Comuna e informe asimismo los motivos de incumplimiento de la transferencia automática a cada ente referido”.
LOS OBJETIVOS DE LA LEY
El fondo creado tiene por objeto atender crediticiamente a aquellos núcleos familiares que teniendo terreno propio o sucesorio en zonas urbanas o rurales, quieran construir, por administración su primera vivienda o realizar refacciones en su vivienda única o eventualmente realizar los servicios de energía eléctrica, red de agua potable e instalaciones de gas”
Con respecto al reparto, el artículo 4 de la ley puntualiza que los fondos totales del FonVis serán aplicados en un 90% para la construcción de viviendas en los municipios y comunas rurales de acuerdo al índice de Coparticipación Federal de Impuestos, en tanto que el 10% restante será aplicado con destino a las viviendas rurales.
En 2019, año en el que fue sancionada y promulgada la ley, los préstamos tenían un monto máximo de $ 750.000 destinado a la construcción de la vivienda, mientras que financiaba hasta $ 100.000 a los interesados en refaccionar sus viviendas y otros $ 100.000 para la realización de servicios de energía eléctrica, agua potable o instalaciones de gas.
Sin embargo, la ley dejaba claramente establecido que esos montos serían actualizados mensualmente de acuerdo al índice “Construcción” que publica mensualmente la Cámara Argentina de la Construcción.”
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