El concejal de la UCR de Trelew, Rubén Cáceres, presentó ayer viernes en el Concejo Deliberante un pedido de informes para que la Municipalidad brinde precisiones sobre la situación contractual del servicio de recolección de residuos, en virtud de las prórrogas de las contrataciones directas realizadas en los últimos años y la ausencia de un proceso de licitación pública como lo exige la Carta Orgánica.
Cáceres enmarcó su pedido de informes en el anuncio realizado por el intendente Adrián Maderna en febrero de este año y por el cual se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación locales la ampliación en 76 kilómetros del servicio de recolección de residuos en el sector urbano y en el rural, y la incorporación para ello de 10 nuevas unidades, además de otro equipamiento.
En este contexto, el concejal observó que el 10 de febrero de 2020 el Ejecutivo Municipal mediante la Resolución 645/20 decidió una prórroga de la contratación directa del servicio por 13 meses, que venció el 31 de diciembre de 2020 y que, además, por medio de otra Resolución (número 2027/20, del 22 de julio), el mismo Ejecutivo fijó un aumento en el monto que se le paga todos los meses a la empresa a cargo, por lo cual a partir de febrero de 2020 la erogación es de 10,9 millones de pesos.
En este sentido indicó que “esta situación de irregularidad se remonta a varios años atrás, ya que a partir del vencimiento del plazo de 5 años de la concesión autorizada por ordenanza 10.099 sancionada el 1 de noviembre de 2006, se ha recurrido reiteradamente al mecanismo de contratación directa y/o prórroga de los plazos, llegando en la actualidad al extremo de haber pasado más de 9 años sin que se llamara a licitación pública para concesionar el servicio”.
REGULARIZACIÓN
Agregó que la mayoría de las herramientas utilizadas por el Ejecutivo Municipal se emitieron “sin intervención alguna del Concejo Deliberante, al cual la Carta Orgánica le ha conferido facultades y deberes indelegables” para autorizar las concesiones de servicios públicos. Y mencionó, en particular, al artículo 139 que dispone incluso que es obligatorio el Referéndum previo a otorgar concesiones de servicios públicos por plazos superiores a los 10 años.
“Este plazo se ha superado ampliamente en materia de servicio de recolección de residuos a través de mecanismos de contratación directa y sucesivas prórrogas que terminan en la desnaturalización de las previsiones contenidas en la Carta Orgánica Municipal”, enfatizó el legislador.
En este contexto, dijo, “surge la clara necesidad de adoptar medidas desde el órgano legislativo tendientes a iniciar un proceso de regularización del servicio que debería culminar con un llamado a licitación para la adjudicación conforme la normativa vigente en la materia”.