El pedido de informe recae puntualmente sobre las empresas GP Inversiones SRL, de Puerto Madryn, y Landfarming Comodoro Rivadavia SA, de esa localidad, y busca determinar en qué condiciones legales operan y cómo llevan adelante el tratamiento de los residuos de la industria pesquera y la remediación ambiental de los sitios donde están instalados.
Los ediles realizaron un detallado cuestionario que busca determinar si las empresas cuentan con un estudio de impacto ambiental aprobado, si los organismos de control (el Ministerio de Ambiente) efectuó actas de inspección a los lugares donde están emplazadas y qué resultados obtuvieron y en qué estado se encuentra la remediación ambiental que llevan adelante, entre otras cuestiones.
El proyecto expresa que hay “un emprendimiento lucrativo de la misma naturaleza ubicado en inmediaciones de esta Capital, sobre ruta N° 1, que ha sido clausurado recientemente por parte del órgano de control, atento a no ajustarse a la normativa provincial vigente”. Por este motivo “deviene prudente conocer si los emprendimientos ubicados en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia han cumplimentado la normativa nacional y provincial ambiental en su totalidad y si se ha alcanzado efectivamente, a través de la técnica del Landfarming, el objetivo de remediación invocado o bien el estado de su avance”.
El pedido de informe fue elaborado por los diputados Rossana Artero, Leila Lloyd Jones y Tirso Chiquichano y fue aprobado este martes en la sesión ordinaria de la Legislatura.
“Este pedido de informe es a los efectos de buscar claridad en el manejo de los residuos pesqueros, buscando asegurar la equidad y tratamiento igualitario por parte de la autoridad competente para todas las empresas que realizan estas labores. Lo que se pretende conocer es si todos cumplen acabadamente con la ley y si el Ministerio de Ambiente actúa con la misma firmeza y regularidad con todas las empresas al igual que lo hizo con la firma Arcante, que trata los desechos de las empresas de Rawson y Trelew”, explicó Artero.