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Titulares

Pidieron inhabilitación perpetua para el juez que quiso quedarse con el concurso de la empresa Oil Combustibles de Cristóbal López

La fiscal Verona Dagotto solicitó la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $ 75.000. Por su parte las defensoras requirieron una multa de $ 30.000. Finalmente, el juez resolverá el próximo viernes 4 de junio.

Luego de haber sido declarado penalmente responsable como “autor” del delito de “prevaricato” la semana pasada, este lunes en la mañana se concretó la audiencia de imposición de pena o cesura en el juicio al juez civil Gustavo Toquier.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la defensa de Toquier fue ejercida por María de los Ángeles Garro y Cristina Sadino, defensoras públicas.

Luego del ofrecimiento de prueba de las partes en relación a la audiencia de cesura, la fiscal se refirió a las dos penas conjuntas establecidas para el delito de prevaricato, de inhabilitación y multa. La primera lo priva de derecho, suspende el ejercicio de los derechos que enuncia la Ley y la multa es una afectación patrimonial, que no implica una indemnización de daños y perjuicios, sí un pago en favor del Estado.

Ambas penas persiguen la motivación del imputado en la Ley. “Respecto de la multa la fiscal solicitó el máximo de la pena, 75.000 pesos, apartándose del mínimo en función de la naturaleza de la acción. Realizó una serie de actos y conductas que contradicen la imparcialidad que deben tener los jueces”.

La fiscal también tuvo en cuenta para el pedido de pena, “el daño creado”, considerándolo “grave” porque “afecta la confianza en la Administración de Justicia. Toquier es Magistrado, es una persona que puede auto-determinarse en la norma y tiene amplias herramientas para ello. Todo ello constituye circunstancias agravantes de la pena”.

Por su parte, las defensoras afirmaron que respecto a la multa, “el legislador prevé un mínimo y un máximo, considerando la pena que debe aplicarse es la de 30.000 pesos”. En torno a la pena de inhabilitación perpetua, “reviste tal gravedad la aplicación de esta pena, que restringe el goce de la capacidad jurídica de la persona”.

“Como consecuencia de esto va a ser privado de su empleo. No encuentra resistencia alguna para oponerse al inciso primero, ello en virtud que se lo ha declarado penalmente responsable de prevaricato”, sentenció la defensa de Toquier.

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