“La modificación de la ley pretende dar respuestas al desborde sanitario que atraviesan nuestros hospitales producto del incremento de casos de Covid en toda la provincia, que provocaron que prácticamente no hayan camas de terapia intensiva y escaseen los insumos”, explicó Artero y resaltó: “Esta medida permitirá a los hospitales contar con los insumos necesarios para atender a todos los pacientes”.
La Ley I – Nº 620 que creó el FAP establece un arancel a cada cajón de langostino desembarcado en los puertos de la provincia. El 50 por ciento de lo que se recauda se destina a la provincia y el 50 por ciento restante para el municipio donde se descargó el cajón de langostino, que debe destinarlo para la preservación de la biodiversidad y la reparación de daños generados al ambiente.
La diputada manifestó que “el gobierno deberá encontrar los caminos necesarios para cobrar este impuesto que hoy casi no se cobra, salvo el fiscal de Estado, que con muy buen criterio ha intimado para activar los cobros el resto hizo poco y nada para que los empresarios abonen lo que les corresponde. Para que se den una idea, en pocos meses solo en Puerto Rawson se generaron deudas por $ 168.281.704,64. Y según los datos que manejamos por las descargas de cajones en todos los puertos de la provincia, la deuda total rondaría los 1000 millones de pesos, dinero que podría ser destinado a equipar los hospitales”.
“Hay que tener en cuenta que el proyecto brinda herramientas para que el Estado pueda ofrecer descuentos de hasta el 35 por ciento a los empresarios que se presenten de manera voluntaria a regularizar sus deudas”, resaltó.
Con la modificación presentada por Artero, los fondos que le corresponden a cada municipio “serán destinados, a satisfacer la demanda del sistema público de salud en lo relativo a proveer de insumos básicos y necesarios para el normal funcionamiento de los hospitales públicos, de cada ejido que perciba el canon”.
Por su parte, el porcentaje que le corresponde a provincia “se destinará al resto de las Municipalidades y/o Comunas Rurales que no participan del FAP”.
Artero expresó que “en un segunda etapa, cuando la pandemia haya concluido, se puede trabajar con la Ley de Participación Público Privada, a la cual la provincia está adherida, para que los empresarios de la pesca destinen los fondos del canon del FAP a inversiones en desarrollo de servicio, a urbanización de barrios, a la creación de infraestructura y que eso redunde en beneficios para los empresarios y para la comunidad en general”.
El proyecto de Ley deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y por la de Desarrollo Económico, Recursos y Medio Ambiente antes de ser tratado en el recinto. “Solicito a las dos comisiones que le den tratamiento urgente al proyecto ya que estamos en plena pandemia y nuestros hospitales necesitan estos recursos”, concluyó