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Titulares

Se suspendió el juicio oral por los incendios en la Legislatura y Gobierno y Baradel exigió el desprocesamiento de Goodman y los otros imputados

La audiencia prevista para hoy quedó desactivada porque la jueza al frente de la causa tenía otro compromiso en Trelew. La Atech y la CTA brindaron una conferencia de prensa junto al líder de SUTEBA, Roberto Baradel, quien pidió el inmediato desprocesamiento para los cuatro imputados y exigió al Gobierno de Chubut abrir paritarias en forma urgente.

El inicio del juicio oral y público por los incendios en Legislatura y Casa de Gobierno se suspendió porque la jueza que debía intervenir en el caso se encontraba en otra audiencia en la ciudad de Trelew.

Por su parte, la ATECh y la CTA Autónoma brindaron una conferencia de prensa con la presencia del secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), quien respaldó enfáticamente a los dirigentes docentes y solicitó el desprocesamiento en la causa que investiga a los responsables de los incendios en Legislatura y Casa de Gobierno.

“Pedimos el desprocesamiento de Santiago (Goodman) y el resto de los compañeros”, dijo Baradel en la conferencia en la que participó Metadata.

Consideró “una injusticia enorme” el procesamiento “a los cuatro compañeros”.

También se refirió a la situación salarial del sector en Chubut y le pidió al Gobierno y a los ministros “convocar a paritarias en forma urgente”.

EL JUICIO

En la causa hay cuatro imputados, entre ellos, el secretario general de la Atech, Santiago Goodman. Es por los hechos ocurridos en septiembre de 2019, cuando en plena crisis por el tema salarial, docentes y otros sectores se manifestaron en Rawson provocando incendios en la Legislatura y Casa de Gobierno.

Los imputados son Goodman, Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

La investigación tomó como pruebas centrales un volumen importante de fotos y filmaciones de la quema de ambos edificios, además de lo contado por 65 testigos que se tiene previsto declaren. El delito de incendio en el que están involucrados prevé penas de a 3 a 10 años de prisión.

La fiscal Gómez fundamentó su postura en “la educación y posición socio cultural” de los imputados, que “comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye, ya que supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar”, que “a pesar de ello no cesaron en su cometido”, además de las dimensiones del “daño causado”. A favor tuvo en cuenta que no poseen antecedentes.

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