El órgano de la Constituyente, el diverso pleno que discute la redacción de una nueva carta magna que reemplace a la de la era de la dictadura pinochetista, se propuso cambiar Carabineros “por una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil con enfoque ciudadano, desmilitarizado, con carrera funcionaria de escalafón único y que someta su doctrina, sus políticas y el cumplimiento de su labor al respeto irrestricto de los derechos humanos”.
La sola redacción de este artículo desató de nuevo un debate polarizado y áspero sobre la posible refundación de una institución que acumula hace décadas denuncias de abusos y excesos, pero que quedó definitivamente bajo la lupa de la sociedad tras las violaciones a los derechos humanos documentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y cometidas por la fuerza durante el estallido social de 2019, cuando miles y miles de chilenos salieron a las calles para pedir un cambio estructural en el país.
El Gobierno de Sebastián Piñera no pudo frenar el hambre de cambios en 2019, pero esta semana rechazó de inmediato la iniciativa.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que Carabineros “tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro” y, en ese sentido, pidió “tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto a veces político”.
Incluso, habló en conferencia de prensa de un proceso “de reforma” a la institución -que podría depender de un nuevo ministerio que busca crear el Gobierno con un proyecto de ley que envió esta semana al Congreso- más uno “de refundación”, como pide la comisión de la Constituyente, un pleno donde prima la oposición e independientes muy críticos de la estructura institucional político y económica actual.
Carabineros, según denuncias del INDH, cometió torturas y otras violaciones a derechos humanos contra personas detenidas en el marco del estallido social de hace tres años, una ola de protestas masivas que fueron fuertemente reprimidas y terminaron con más de una veintena de muertos y más de 3.600 heridos.
Ante la acumulación de denuncias y pruebas, el Gobierno de Piñera y hasta la cúpula de Carabineros tuvieron que prometer una reforma en los últimos tiempos.
El actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, argumentó en esta semana que la fuerza ya se encuentra en un proceso de “modernización”, pero aclaró: “Ninguna persona me ha pedido que cierre un cuartel o que elimine a carabineros donde están. Todos me han pedido más carabineros”.
Pero estos argumentos no parecen estar funcionando frente a la dirección de la Constituyente.
En una conferencia de prensa, el vicepresidente de la convención, Jaime Bassa, advirtió que “si la Constituyente decide refundar Carabineros, Carabineros será refundada” y que el pleno, elegido en elecciones hace solo unos meses, “tomará decisiones importantes sobre los poderes del Estado y no se va a dejar pautear por el poder constituido”.
Y Bassa no está solo en su determinación.