Hace poco más de dos semanas, Trelew tuvo el servicio de transporte urbano paralizado producto de la falta de pago. Frente a esta situación, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, y los ministros provinciales Cristian Ayala (Gobierno) y Oscar Antonena (Economía), destrabaron el conflicto, liberando el pago de subsidios.
Este problema se está replicando en varias ciudades del país y encendió las alarmas.
Las empresas de transporte de corta y media distancia del interior del país reclamaron al Gobierno que les envíe los fondos comprometidos para poder seguir funcionando, ya que sin esos aportes deberán dejar de prestar servicio.
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) difundió un comunicado este viernes en el que denuncia que el Gobierno no ha cumplido con su compromiso, “por lo que el servicio se verá interrumpido en el sector de corta y media distancia”.
“Al día de hoy el sector de transporte público por automotor de pasajeros de todo el interior del país no ha recibido los aportes comprometidos de parte del Gobierno, y sin los fondos necesarios se ve impedido de pagar salarios y cargar combustible”, explica la Fatap en un comunicado.
La falta de fondos ha provocado que no se paguen los sueldos de enero, y los choferes nucleados en la UTA podrían convocar a un paro por ese motivo. Este viernes se espera una reunión en el Ministerio de Trabajo en la que se anunciaría la medida de fuerza.
La Fatap pide “mecanismos de compensaciones adecuados y eficientes” que permitan la continuidad del servicio que prestan en todo el país, y reclama al Gobierno por hacer diferencias entre la región metropolitana de Buenos Aires y el resto del territorio nacional.
“Se evidencia una clara ausencia de decisiones responsables, dado que la prestación brindada a usuarios de idénticos servicios ha encontrado soluciones y fondos en tiempo y forma, lo que nos hace concluir que el Interior del país no se encontraría dentro de la prioridades de quienes deben adoptar aquellas decisiones”, señala el comunicado de la Fatap.
El reclamo de los empresarios fue apoyado por los legisladores de Córdoba Federal. La senadora Alejandra Vigo y los diputados Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca sostuvieron que urge “poner un freno a la arbitrariedad con un marco legal”.
“Recién comienza 2022 y el Gobierno Nacional ya deja claro, con reiterados gestos, que no duda en trasladar el problema a gobernadores e intendentes y profundizar los beneficios para el AMBA que se queda con el 84% de los subsidios al transporte, y solo el 16% restante se distribuye para el interior del país”, expresó el bloque de legisladores.