La declaración del Prresidente se llevará a cabo en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), quien tiene a cargo la causa contra Cristina Kirchner por la presunta corrupción en la obra pública.
Ante el TOF 2, presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu e integrado además por Jorge Gorini y Andrés Basso, según detalla Clarín, comenzarán a declarar quienes estuvieron al frente de la jefatura de gabinete de ministros durante los doce años del gobierno kirchnerista. La sugerencia la realizó la vicepresidenta, como parte de su estrategia de defensa en el caso donde se la procesó por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez. También pidió que sea citado su secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.
Cristina Kirchner sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública fueron “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que ella no firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado. Su planteo busca desechar lo que se indicó durante la instrucción, cuando la fiscalía a través de una auditoría sostuvo que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.
Ante esa acusación, el principal descargo de la vice indica que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.
Es por ese motivo que pidió -cuando aún no se había constituido el Frente de Todos y contaba con un público enfrentamiento con Massa y Alberto Fernández-, que declaren los ex jefes de Gabinete como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública.
Cabe recordar, que la vicepresidenta de la Nación fue enviada a juicio oral por el juez Julián Ercolini junto a otros doce imputados, bajo la premisa de que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: Fueron 51 contratos por más de 46 mil millones de pesos.