Metadata accedió al informe que presentó el Defensor de los y las Adultas Mayores de la provincia del Chubut, David González, sobre las actividades que realizó el organismo durante el 2020 y 2021.
El documento cuenta con 44 páginas en las que resume diversos encuentros con referentes del sector de Jubilados, funcionarios provinciales y actividades en las que la Defensoría estuvo presente.
Cabe recordar, que González había estado bajo la lupa luego de que, durante la pandemia, la oficina que conduce no registró actividades importantes en un marco donde los jubilados y jubiladas afrontaron diversos problemas relacionados al coronavirus y al retraso salarial que mantenía el Gobierno de Chubut producto de severas dificultades financieras.
La inactividad de la Defensoría de los y las Adultas Mayores generó malestar, mientras que el encargado del organismo, el exdiputado provincial del Frente Para la Victoria, cobraba su sueldo en forma mensual como le corresponde a cualquier empleado estatal.
González, en aquel momento cuando estalló la bronca de los sectores que representan a los jubilados, justificó la inacción de la Defensoría alegando que no tenía estructura ni empleados a cargo.
Ayer, finalmente entregó un balance de las gestiones que realizó la Defensoría a su cargo durante los periodos 2020 y 2021.
QUÉ DICE EL INFORME
Uno de los datos salientes es que la Defensoría de las y los Adultos Mayores atendió desde mayo de 2021 a diciembre del mismo año 88 solicitudes en forma personal y telefónica.
En el desglose, 20 solicitudes estuvieron relacionadas a reclamos de PAMI y ANSeS, mientras que 10 consultas fueron sobre la deuda y la liquidación final de empleados provinciales enmarcados en la Ley XVIII N° 32.
Otras cinco inquietudes se relacionaron con cobertura de medicamentos de la obra social SEROS; la misma cantidad que reclamos de atención en PROSATE.
Skip to PDF contentAsimismo, la Defensoría registró tres consultadas sobre trámites en municipios; otros tres reclamos en torno a casos derivados a otros organismos; dos solicitudes sobre situación de vulnerabilidad de adultos mayores; y seis casos de “gestión informal”.
Por otra parte, González detalló que hubo cinco casos sin competencia, mientras que 20 casos terminaron con actuaciones y se registraron ocho casos cerrados.
En base a cada uno de estos reclamos, González enumeró las gestiones que se realizaron con los diferentes organismos buscando soluciones a los planteos de los adultos mayores.