El organismo fue creado a principios de 2019 y en esa ocasión quedaron al frente Gustavo Monesterolo, Gabriela Calle y Horacio Camps, quienes ejercerán sus funciones como presidente, primer vocal y segundo vocal, respectivamente.
El Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut tiene como función principal el control de la prestación de los servicios públicos en aras de garantizar el correcto y eficiente desempeño del sector regulado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los chubutenses.
Sin embargo, poco se conoce sobre las gestiones y los logros en el funcionamiento de este organismo.
Debido a esto, la diputada y presidenta del bloque Chubut Unido, Leila Lloyd Jones, reconoció la necesidad de “conocer las gestiones y los resultados obtenidos por el ente desde su puesta en funcionamiento, fundamentalmente, a los fines de evitar que se continúe con sucesivas declaraciones de emergencia que devengan, en definitiva, en la regla”.
Frente a esto, la diputada trelewense advirtió que, “contando con información suficiente, se podría salir del estado de emergencia permanente toda vez que ello permitirá diseñar, proyectar y materializar acciones concretas que aporten una solución integral y previsibilidad a largo plazo en relación a los servicios públicos”.
PUNTO POR PUNTO, EL PEDIDO DE LA DIPUTADA
El primer punto apunta a que el Ente brinde detalles de los controles efectuados a las concesionarias de prestación de servicios básicos -regulados por leyes I N° 189 y 191- y especifique si se han verificado en tales oportunidades inobservancias a las obligaciones establecidas en los contratos de concesión. En su caso, proporcione constancia de las actuaciones labradas o copia de los expedientes correspondientes.
“Mencione cuáles han sido las cesiones, prórrogas, caducidades o reemplazos de concesiones que se propiciaron desde el ENRE Chubut y que efectivamente se llevaron a cabo durante el mismo período consignado en el punto anterior”, especifica el punto 2 del pedido de informe.
Asimismo, Lloyd Jones exige que se detalle e individualice qué sanciones de las previstas en las Leyes I N° 189 y 191 se han aplicado a concesionarias de servicios públicos.
El punto 4 focaliza sobre qué medios se efectúa la publicidad de las decisiones del Ente Regulador de Servicios Públicos.
La legisladora requiere que se adjunte los informes anuales que debe remitir el Ente Regulador, creado por la citada ley, al Poder Ejecutivo Provincial.
Además, solicita información sobre cuáles han sido, desde la puesta en funcionamiento del Ente Regulador de Servicios Públicos, las intervenciones en cuestiones que se hayan encontrado relacionada con la provisión de agua potable así como sus resultados.
También requiere que el ENRE Chubut remita las bases y procedimientos propuestos al Poder Ejecutivo Provincial para el cálculo de las tarifas de los contratos que otorguen concesiones.
Por último, Lloyd Jones pide información sobre “si se encuentran vigentes causas judiciales –civiles o penales- tendientes a obtener el cumplimiento de los marcos regulatorios aquí citados así como de los contratos de concesión vigentes, indicando la carátula de los mismos, número de expediente, juzgado donde tramita y estado de las mismas”.