La iniciativa fue materializada la semana pasada por la legisladora pejotista Mónica Saso y apunta a saldar una deuda pendiente que el Estado y la sociedad tienen con las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, derribar las barreras que cotidianamente les impiden ejercer sus derechos o peticionar ante las autoridades en un plano de igualdad con el resto de los ciudadanos.
En este contexto, el artículo 1 establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de las personas con discapacidad, para todas las personas que cumplan funciones en el Estado Provincial, en todos sus niveles y jerarquías, y en medios de comunicación audiovisual, incluyendo los medios digitales cuya emisión, ya sea radial, gráfica, digital o televisiva que tenga origen en el territorio provincial.
Saso advierte en el proyecto que el alcance de la capacitación nuclea a los tres poderes del Estado de Chubut, a los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos existentes.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno y Justicia que actualmente conduce Cristian Ayala, aunque la Dirección Provincial de Atención Integral de la Discapacidad colaborará con la cartera a los fines de establecer el programa y los contenidos de la formación.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN
Entre los ejes que delineó Saso para la capacitación, se encuentra el diseño de un plan para cada poder u organismo atendiendo a sus funciones y particularidades
Por ejemplo, deberán tener como principios rectores la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y la normativa nacional aplicable para la protección de las personas con discapacidad.
Las capacitaciones se formularán en lenguaje claro, en formatos accesibles y respetarán el concepto de diseño universal; e incluirán pautas de atención y trato digno a personas en situación de discapacidad.
Asimismo, las capacitaciones deberán incluir “pautas para detectar y suprimir barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales en el ámbito estatal”.