La Ley XXII N° 32 que rige en la provincia de Chubut establece la creación de un Fondo Especial destinado al personal que desempeña funciones en la Dirección General de Autotransporte Terrestre. Ese fondo, según la normativa, está integrado por 40% de la recaudación de Tasas de Habilitación, Aranceles y Multas generadas por dicha Dirección General.
Sin embargo, uno de los artículos de la ley le otorga hegemonía y poder al gremio de ATE a la hora de los ingresos, adscripciones o asignaciones de funciones de nuevos empleados.
El artículo en cuestión que busca modificar la diputada oficialista Zulema Andén es el que especifica que “para nuevos ingresos de personal o adscriptos o con asignación de funciones o autorizados a cumplir funciones, deberán contar con el común acuerdo de una comisión evaluadora compuesta por delegados de la Asociación Sindical de Trabajadores del Estado (ATE) y funcionarios de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre”.
“SUBJETIVIDAD MANIFIESTA”
En este punto, es donde Andén considera que hay un monopolio excesivo. “Se observa que existe una subjetividad manifiesta por parte de un solo sector de representantes de los trabajadores (ATE), que nos indica de pleno, que no va a existir una imparcialidad, dejando un manto de sospecha en cuanto a los exámenes de ingreso”, esgrime la diputada cordillerana en el proyecto de ley al que tuvo acceso Metadata.
“Resulta de tal dimensión la arbitrariedad a la violación del principio de igualdad ante la ley, y se ve seriamente afectado en cuanto lo que establece de pleno nuestra Carta Magna. Buscamos que exista un lugar de trabajo con armonía y que primen los derechos humanos de las todas personas que ingresen, y se encuentren libres y seguras de todo tipo de discriminación, depresión laboral en futuro inmediato a su ingreso. Suprimiendo posibles coacciones en cuanto a que todos son futuros trabajadores, con acceso a un trabajo digno con elección y sin perjuicio de que exista una mesa examinadora con un solo tinte gremial”, advierte Andén.
Es por eso que, teniendo en cuenta la Ley Nacional N° 23.592, y que la misma hace referencia a quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.
Frente a esto, la legisladora de Chubut al Frente considera vital modificar el artículo 5 para poder establecer “una mesa absolutamente imparcial y con pluralidad de actores”, invitando a todos los representantes gremiales a participar de dicho examen.