El exoficial naval Roberto Guillermo Bravo deberá responder por primera vez ante un tribunal por sus responsabilidades en relación a la Masacre de Trelew en un juicio civil que comienza este lunes en una Corte de Florida, en Estados Unidos, y que es impulsado por los familiares de militantes que hace 50 años fueron fusilados en una base de la Armada.
Bravo reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado a ese país como agregado naval por el Gobierno de facto de Alejandro Lanusse, en un intento de darle protección frente a las acusaciones que pesaban sobre su persona.
En ese país obtuvo la ciudadanía y se desarrolló como un próspero empresario que obtuvo contratos con el Departamento de Estado.
La masacre
El 22 de agosto de 1972, 19 presos políticos y militantes de las organizaciones armadas de ERP, FAR y Montoneros, que días antes habían intentado fugarse del penal de Rawson, en Chubut, fueron baleados por efectivos de la Armada en la base aeronaval Almirante Zar, de Trelew.
Dieciséis de ellos murieron en lo que para la Marina se trató de un intento de fuga que debieron repeler a balazos contra detenidos desarmados.
Las víctimas fueron Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.
En tanto que María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar lograron sobrevivir a esta masacre y dieron sus testimonios antes de ser desaparecidos durante la última dictadura militar.