Un análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el presupuesto nacional 2023 que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa en el Congreso, sostiene la iniciativa “prevé un recorte del gasto público de casi el 9% y un aumento de las asignaciones al pago de deuda y seguridad y defensa”. En ese marco es que se incorpora el debate en torno a la reducción de beneficios impositivos.
Año a año el Estado deja de recaudar un monto de dinero equivalente a 3.664.818 millones de pesos por gastos tributarios, más de cinco veces la inversión en la Asignación Universal por Hijo/a (AUH). Algunos de esos beneficios los reciben grandes empresas y sectores concentrados de la economía.
“El peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional”, plantea el anexo que el Ministerio de Economía envió al Congreso con el Proyecto de Presupuesto 2023.
El mismo proyecto prevé un recorte del gasto público de casi el 9% con relación al presupuesto actual, lo que contrasta con el aumento de las asignaciones al pago de deuda y seguridad y defensa (25 y 10%, respectivamente, en relación a 2022).
En ese marco de restricciones presupuestarias es que se incorpora el debate en torno a la reducción de cargas tributarias, lo que ya era reclamado desde hace varios años por diferentes sectores.
Sin embargo, es necesario encarar el debate considerando tanto las actividades que se fomentan a través de exenciones y regímenes tributarios especiales (como industrias extractivas, de energías no renovables, de la economía del conocimiento, de la industria naval, entre muchas otras), como la necesidad de justificar y evaluar estrictamente los efectos económicos, sociales y ambientales de los gastos tributarios.