La semana que viene inicia diciembre. Un mes que siempre obliga a tener más que los cinco sentidos en estado de alerta. La célebre y tan ansiada paz social comienza a tomar mayor connotación en todas las esferas de la sociedad: La política, los sindicatos, las empresas, las organizaciones sociales y las fuerzas de seguridad, entre otras.
Diciembre no será un mes más para el gobierno provincial. La prioridad estará en abonar sueldos y aguinaldos en tiempo y forma. Para el Gobierno de Arcioni y el Ministerio de Economía no hay nada más urgente que garantizar esos 18.000 millones de pesos para cumplir con los empleados públicos.
Con eso, consideran que darán un paso y medio hacia la tan ansiada paz social. El otro tema medular y que desvela a todas las partes es el tema salarial.
Y en este punto hay un dilema, una disyuntiva que requerirá responsabilidad de todas las partes: Los gremios piden una recomposición salarial que supere la inflación y el Gobierno tiene que hacer equilibrio para que la caja no se quiebre como ocurrió en 2019, generando grandes dolores de cabeza y disgustos a la gestión de Mariano Arcioni.
La ATECh asumió una postura inquebrantable e innegociable y no se movió durante todo el año de esa postura. No aceptó nunca las ofertas salariales del Gobierno y materializaron paros mientras cobraron religiosamente los aumentos que otorgó Provincia y con los que nunca estuvieron de acuerdo.
En el sprint final del año, se sumó a la posición rupturista de la ATECh otro gremio de gran peso: ATE de Guillermo Quiroga, quien por profundas internas y diferencias con el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, rompió una relación con diferencias, pero cordial.
El debate paritario es ambiguo: Los gremios quieren una lógica recomposición salarial, pero por la pérdida de años anteriores. En 2022, los aumentos corren por arriba de la inflación.
La grieta y la pérdida del poder adquisitivo tiene su génesis en 2020, año en el que ya estaba instalado el pago escalonado y atrasado a todos los empleados públicos y parte del 2021, porque después de mitad de año, el Gobierno otorgó aumentos.
Si la inflación de 2022 hubiese transitado por la senda proyectada por el exministro Martín Guzmán a fines de 2021 cuando presentó el presupuesto de este año, quizás el Gobierno de Chubut podría haber cumplido parte de las expectativas de los sindicatos de trazar una recomposición salarial por los años anteriores.
Pero lo cierto, es que la inflación cerrará 2022 por encima del 90 por ciento de acuerdo a las estimaciones de consultores y gurúes económicos.
Frente a esta alza de precio y, por consiguiente, de los costos de vida, el gobierno provincial solo pudo apuntar – y con una ingeniería compleja – a que los sueldos no pierdan con la inflación en el 2022. Por ahora, los salarios miran desde arriba el aumento de precios.
En este delicado y complejo contexto económico y financiero que está más relacionado con las variables del Gobierno nacional que con las de Chubut, la gestión de Arcioni discute las subas salariales para los próximos meses.
Los gremios exigen. Y es lógico. Pero el Gobierno de Chubut apela a la responsabilidad de los ingresos finitos y del control de las cuentas para que no ocurra lo del 2019. Y también es lógico. Si no lo hace, rompería toda posibilidad de paz social en el tramo final del año y del que viene.
Se trata de un nudo gordiano, de difícil o extrema solución. Lo que no puede hacer el Gobierno es otorgar aumentos que después resulten imposible de pagar.
Ese error ya se cometió en febrero de 2019. Y los resultados negativos fueron inmediatos. En julio de ese año comenzó el pago escalonado.
Es cierto que los ingresos mejoraron sustancialmente, a tal punto, que la cartera de Economía tuvo que pedir una ampliación presupuestaria por mayor recaudación.
Pero el Gobierno no solo paga salarios, también invierte en obra pública, paga deuda doméstica e internacional, asiste a municipios por dificultades financieras, asiste a instituciones sociales, deportivas y a empresas.
EL DÉFICIT EN LOS PRIMEROS OCHO MESES
Metadata accedió al balance entre enero y agosto de 2022 que exhibe los ingresos y gastos de libre disponibilidad que tuvo Provincia en los primeros ocho meses de este año.
El Gobierno de Mariano Arcioni cerró en los primeros ocho meses de 2022 un déficit controlable. Fue de $ 12.281 millones, moviéndose a un promedio de $ 1.535 millones mensuales.
El rojo entre enero y agosto representa por ahora solo el 4,5% del total del presupuesto que cerrará en los $ 281.000 millones. La incidencia es mínima y en Economía hay optimismo porque el déficit no se disparó a pesar de la inflación descontrolada y que fue una de las más altas en los últimos 35 años.
En el desglose mes a mes, el déficit de enero fue de 1.025 millones, en febrero el resultado negativo entre ingresos y egresos fue de $ 3.122 millones; mientras que en marzo el desequilibrio fue de $ 244 millones.
En abril, el Gobierno logró superávit con un saldo favorable de $ 1.351 millones, pero en mayo el déficit ascensión a $ 2.796 millones.
En junio, el rojo entre ingresos y gastos fue de $ 5.675 millones (producto del pago del medio aguinaldo), en julio hubo un equilibrio técnico ya que el déficit fue solo de 6 millones de pesos y en agosto el pasivo alcanzó los 764 millones de pesos.
De esta manera, el resultado financiero de enero a agosto de 2022 arrojó un déficit de $ 12.281 millones, un rojo totalmente controlable en un contexto inflacionario que superará el 90% cuando finalice este año.
Por estos motivos, los números del Gobierno del Chubut son finitos y no podrá ofrecer aumentos extraordinarios ni promesas sustanciales en materia salarial.
Los números están muy justos. Y requiere de la responsabilidad de todo el arco político y sindical para que la caja no vuelva a quebrarse.