En diálogo con Télam Radio, Capitanich analizó el tema en detalle y llegó a la conclusión de que “se trata de una sentencia de imposible cumplimiento”.
“La Corte resuelve, por un lado, fijar un índice antojadizo carente de fundamento técnico sobre la base de una medida cautelar y no de fondo”, argumentó.
Y por otro lado, apuntó, el dinero “no está contemplado en el Presupuesto 2023”, por ende el Estado nacional “no tiene la partida” necesaria y debe recurrir en un incumplimiento de la ley de Presupuesto para cumplir la disposición de la Corte.
Para el mandatario provincial, “la intromisión de la Corte Suprema en una cuestión que estaba resuelta” es un hecho “de gravedad institucional”, y pidió entonces discutir “la particularidad de la ciudad de Buenos Aires”.
Recordó que “pasó de ser un municipio en 1987 pasa a tener 1,4% de fondos coparticipables en 2003”.
Agregó que, al iniciarse la presidencia de Mauricio Macri, “ya le ponen 3,65% sin fundamento alguno” y, después, “frente a la protesta, la baja a 3,5% porque dice que es la transferencia de la seguridad pública”.
No obstante, subrayó que, con su fallo, el máximo tribunal le concede a la ciudad de Buenos Aires “180.000 millones de pesos más”.
Así, “las asimetrías históricas ahora son convalidadas con transferencias automáticas”, dijo Capitanich, que opinó que hay una “manifiesta parcialidad que responde a un proyecto político más claramente vinculado al PRO y Juntos por el Cambio”.
En este punto consignó que, mientras los porteños tienen un “transporte público que es un privilegio”, en el Norte Grande sale 76 pesos el boleto en promedio de colectivo, mientras “el presupuesto de seguridad pública de la Ciudad es 8 veces más que toda la provincia del Chaco”.
“¿Qué privilegio tienen los porteños?”, sostuvo en este punto, tras cuestionar también los subsidios al gas, la electricidad y los fondos asignados para obras de saneamiento, cloacas y agua potable.