Quedó pendiente la situación que les cabe a los imputados Daniela Calcavechia y Rodrigo Quiñones, ya que hubo dificultades para la localización de ambos para que puedan ser notificados acerca de la continuidad del proceso.
En ese sentido, se solicitó la compulsa y rebeldía de Calcavechia y el defensor Carlos Pericich brindó precisiones con el fin que se ubique a Quiñones. Más allá de esto, se efectuó la audiencia correspondiente con el imputado Miguel Ángel Otero que fue defendido por Abdón Manyauik.
De acuerdo a lo relatado por la procuradora fiscal, el día 30 de marzo de 2022 cerca de las 14,30 los imputados Daniela Calcavechia y Rodrigo Quiñones se acercaron al cementero municipal y ejerciendo fuerza sustrajeron placas de bronce, cobre y aluminio de diversas tumbas y nichos, introduciendo luego los elementos en dos mochilas.
Esto fue observado por un empleado del lugar que los ve salir rápidamente, y ante el apuro por escapar arrojan una de las mochilas.
Posteriormente se acercan a una parada de taxi, abordando un vehículo que los lleva hasta la intersección de Eva Perón y Gallina, donde existe una chatarrería propiedad de Miguel Ángel Otero, a quien le vendieron cinco placas metálicas rectangulares de defunción por la suma de 6.500 pesos.
En esas circunstancias son aprehendidos por personal de la brigada de investigaciones que se mantenían al tanto de la situación informados por el centro de monitoreo, procediendo al recupero de las placas que son entregadas voluntariamente por el propio Otero, que manifiesta no querer tener problemas. Tanto Calcavechia como Quiñones tienen causa abierta por el delito de robo.
Al día siguiente se realizó un allanamiento y se procedió al secuestro de, entre otras cosas, 33 placas fúnebres más que se encontraban en el domicilio de Otero, las que estaban nominadas conteniendo datos personales de cada persona fallecida e incluso fotografías. La calificación legal provisoria es por el delito de encubrimiento agravado por haber actuado con ánimo de lucro, conforme al artículo 277 inciso b del código penal.
El Juez Fabio Monti valoró el pedido fiscal de acuerdo a los elementos probatorios ofrecidos y sin objeciones por parte de la defensa, por lo que determinó la elevación a juicio oral de la causa, debiéndose fijar la regencia de un tribunal unipersonal, dado que la doctora Van Vliet informó que la pretensión punitiva no supera el término de tres años de prisión