A pesar de las fuertes críticas por parte de todo el arco político y de los vecinos de Bariloche, el gobierno nacional prepara la cesión de 10 hectáreas de tierras fiscales a la comunidad mapuche que usurpó predios públicos y privados en Villa Mascardi y de otro espacio fiscal donde se erige un altar que es considerado sagrado.
El compromiso oficial contempla también la construcción de viviendas para alojar a la autoridad espiritual de la comunidad, la “machi”, a su familia y allegados y también a los pacientes que podrían visitar ese lugar para recibir los tratamientos que brinda.
La coordinadora del Pueblo Mapuche de Río Negro confiaba en que el documento sería rubricado esta semana, aunque a último momento se postergó el encuentro entre el Estado y la comitiva. Se cree que se podría realizar a principios de junio.
La propuesta estatal la realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a instancias del presidente Alberto Fernández, con el objetivo de descomprimir el conflicto que desde 2017 protagoniza la agrupación Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.
Pero además, el Ejecutivo Nacional intercedió ante la Justicia para aplazar la audiencia de debate del juicio oral por las usurpaciones del paraje cordillerano y supeditar su desarrollo al resultado que tuvieran las mesas de diálogo. “Una clara intromisión del Poder Ejecutivo en un proceso judicial”, se quejaron los vecinos afectados por las usurpaciones.
El último encuentro entre funcionarios gubernamentales y dirigentes mapuches se realizó en febrero pasado en Bariloche, ocasión en la que, tal como adelantó Infobae, el gobierno propuso varios beneficios para la comunidad Lafken Winkul Mapu, a pesar de que sus integrantes están prófugos de la Justicia desde octubre del año pasado y que las familias que la integran no están registradas ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Increíblemente, en un principio los mapuches rechazaron la idea de ubicarse en las 10 hectáreas por considerarlas “no aptas e insuficientes” para el desarrollo de sus actividades, aunque ahora cambiaron de postura y decidieron aceptarlas. “Es el puntapié y no quita que luego podamos reclamar más superficie”, dijeron desde ese sector.
El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, advirtió: “No son unidades productivas aunque no descartamos ampliar esa superficie”. Y comparó el caso con la comunidad Paichil Antriao de Villa la Angostura, que recibió 625 hectáreas con la misma finalidad.
Fuente: Infobae