La producción nacional y la distribución de medicamentos para abortar, y el incremento en un 98% de los servicios de salud públicos que realizan interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo son destacados en el reporte anual del proyecto Mirar que, desde la legalización de la práctica en el país, monitorea el acceso al derecho en la Argentina.
La iniciativa “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal” del proyecto Mirar es coordinada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, organización mundial de investigación y defensa que promueve la autonomía y respeto a la salud sexual y reproductiva.
El trabajo también identificó que “persisten las desigualdades” en el acceso al derecho porque hay provincias “que disminuyeron o mantuvieron la cantidad de servicios que realizan abortos y la producción de información sobre los resultados de la política sigue siendo deficitaria a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento”.
La Ley 27.610 de acceso a IVE/ILE está vigente en la Argentina desde el 30 de diciembre de 2020.
En estos dos años y medio, la cantidad de servicios públicos que realizan la práctica “aumentó un 98%” resaltó el informe, período en que el número de abortos realizados en servicios de salud públicos “se incrementó en un tercio”.
“Contar con información, analizarla y compartir las conclusiones es fundamental para la incidencia ciudadana en las políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, para que el aborto siga estando en la agenda política”, reflexionó Mariana Romero, médica, investigadora y directora ejecutiva del Cedes.