El Superior Tribunal de Justicia del Chubut rechazó que la situación judicial de los ex funcionarios provinciales Leticia Huichaqueo y Marcelo Suárez sea derivada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue en la causa denominada “Royal Canin” que investigó la venta ilegal de alimento para perros que esa firma había enviado en carácter de donación a los afectados por las inundaciones en Comodoro Rivadavia, entre marzo y abril del año 2017.
Los dos ex funcionarios provinciales habían sido hallados culpables y condenados. Esa decisión del tribunal original del juicio oral y público, fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Trelew. Los abogados defensores de ambos pretendieron que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esta pretensión fracasó. Esto derivó en la detención este lunes de Leticia Huichaqueo y días atrás de Suárez, aunque en este último caso, por otra causa penal, denominada “emergencia climática”.
Por la causa “Royal canin”, Huichaqueo fue condenada a la pena de 4 años de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de peculado, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Suárez en esta causa fue condenado a dos años y seis meses de cumplimiento condicional.
La resolución, por parte de la corte provincial, lleva las firmas de Daniel Báez, Camila Banfi Saavedra y Ricardo Napolitani.
En el fallo, indicaron que los defensores no pudieron probar que el proceso penal que condenó a Suárez y Huichaqueo “fue ilegítimo”, que las pruebas hayan sido “valoradas con arbitrariedad” y que las resoluciones que tomaron los jueces de las dos instancias anteriores “padecen algún defecto en las normas sustantivas” que se aplicaron.
En coincidencia además con un dictamen previo, que en el mismo sentido dictó el procurador general Jorge Miquelarena, los ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial indicaron que “no se exhiben las razones que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia”.
El pedido para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue realizado por los defensores Javier Romero, que asistió a Leticia Huichaqueo, y Sebastián Daroca, en representación de Marcelo Suárez.
EL DELITO Y “PECULADO”
La investigación y el seguimiento de toda la persecución penal estuvieron a cargo del fiscal general Héctor Iturrioz y el equipo de profesionales e investigadores de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
El delito de peculado que involucró a Leticia Huichaqueo, es un delito consistente en la apropiación indebida de dinero o bienes pertenecientes al Estado por parte de personas encargadas de su control y custodia. En el Código Penal de la Argentina, el artículo 261 indica que será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta y perpetua a funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
EL ALIMENTO DONADO
La empresa “Royal Canin” había donado las bolsas a través de la Casa del Chubut en la Capital Federal. Para el fiscal Iturrioz, las 450 bolsas de alimentos fueron vendidas de manera clandestina y solo unas pocas bolsas fueron donadas a ONG protectoras de mascotas. Según describió, las bolsas fueron ofrecidas a muy bajo costo de dinero a través de las redes sociales.
En la descripción de los hechos ilícitos se destacó que las bolsas de alimentos eran de una calidad especial, nunca llegaron a la ciudad de Comodoro Rivadavia. La maniobra, se aprovechó un breve corte de rutas entre el Valle y Comodoro Rivadavia para desviar las bolsas a un depósito con el que cuenta el Ministerio a la vera de la doble trocha que une el casco céntrico de Rawson con Playa Unión.
Foto: Daniel Feldman para Jornada