Las condenas quedaron firmes a partir de que la Corte emitió 4 fallos con los que, en dos párrafos y con la firma de todos sus integrantes, desestimó los recursos con los que los imputados habían llegado hasta el máximo tribunal.
En la causa se acreditó que Correa creó sociedades que, mediante su intervención como funcionario público provincial, fueron beneficiadas a través de la adjudicación de contrataciones perjudiciales para la administración pública provincial, señalaron voceros judiciales.
Por su parte, Diego Luters fue acusado de formar parte de la asociación ilícita en su carácter de secretario privado de Correa, mientras que a Daniela María Souza se le atribuyó realizar actos para ocultar que Correa era el verdadero titular de los bienes adquiridos.
A otro imputado, Juan Carlos Ramón, se le imputó intervenir en los procesos de contratación entre la provincia y la firma Dual Core S.R.L. mediante la presentación de un falso presupuesto alternativo, superior al de esa empresa, para posibilitar que la obra se le adjudicase a Dual Core por resultar más conveniente.
Correa fue condenado a 10 años de prisión, multa de más de 22 millones de pesos e inhabilitación perpetua por ser jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública provincial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y autolavado de activos.
Luters recibió cinco años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 750 mil pesos. Mientras que Souza y Ramón fueron condenados a cuatro años y tres años y tres meses, respectivamente.
Las defensas apelaron la sentencia y llegados los planteos hasta el Máximo Tribunal, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los rechazó. De esta manera, las condenas quedaron firmes.