“En la pesca no va a existir el trabajo en negro. Vamos a ser severos. Vamos a ser tremendamente duros, porque el trabajo es negro en la pesca no solamente perjudica al trabajador, que se queda sin la seguridad social y se queda sin seguro, sino que también perjudica el resto de las empresas que hacen las cosas bien al generar una competencia desleal”, cuestionó Arbeletche.
Insistió que en lo que es trabajo en negro en la pesca “vamos a ser muy duros, cosa que no ha sucedido los últimos años donde ha habido empresas donde la mayoría de sus empleados estaban sin registrar”.
“En esto vamos a ser inflexibles, y vamos a trabajar para lograr la paz social con mayor intervención entre las dos partes, tratando de mediar, tratando de buscar soluciones y para eso ya estamos reuniéndonos con los sindicatos y con las cámaras porque parte de los problemas con los sindicatos y con las empresas es la falta de un interlocutor y creo que con consenso y escuchando vamos a tener una excelente relación con ambas partes”, consideró.
EN CONTRA DEL FONDO AMBIENTAL PESQUERO
Asimismo, precisó que en todo lo que sea costos, tasas e impuestos relacionados con el Estado, “nosotros tenemos una mirada que tiende a tratar de reducirlos. Queremos sacarle la pata del cuello tanto al empresario como al trabajador, y un ejemplo concreto es que no va a haber con nosotros un Fondo Ambiental Pesquero (FAP) que es un impuesto encubierto para sacarle dinero a la flota, en concepto de una reparación ambiental que no se hizo”.
En ese sentido, puntualizó que “las provincias no pueden generar impuestos, pueden generar tasas que tienen que ser retributivas, y el FAP no era retributivo, con lo cual era inconstitucional”.
Insistió en que “todo lo que sean costos relacionados con el Estado nosotros vamos a tratar de evitarlos y bajarlos, pero no nos podemos meter a decirle a un gremio o un trabajador, vos tenés que cobrar menos porque nosotros somos el organismo regulador”.
Agregó que “tendrán que consensuar empresarios con trabajadores, gremios con empresas, y vamos a promover que haya más actores en esta oferta y demanda, lo que termina generando un mercado más competitivo para que se puedan bajar los costos. Esas son las herramientas que tiene el Estado, pero si alguien quiere pagar más o menos no nos podemos meter”.
Sobre este costo ocasionado principalmente por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Arbeletche fue tajante al señalar que “el Estado no puede meterse en la oferta y la demanda más allá de las facultades que tiene. Si el SUPA fija determinados montos y los empresarios están dispuesto a pagarlos es una cuestión de libre voluntad, de relación entre partes”.
“Si encuentran ventajas competitivas en irse a otras provincias es una cuestión del empresario. Por supuesto que discrepo en que les pueda resultar más conveniente irse a otras provincias cuando en realidad nuestros puertos están mucho más cercanos a los puntos de descarga”, añadió.
Fuente: Radio Sónica