El acusado, de acuerdo a lo que publicó la página oficial del Ministerio Público Fiscal, leyó un texto en el que admitió los hechos, pidió perdón y culpó a una situación traumática de su infancia que lo llevó a incurrir en hechos violentos para proteger a su hijo.
Tanto Bubas como su abogado defensor pidieron que se aplique la suspensión de juicio a prueba, lo que se conoce como “probation”, a lo que se opuso la fiscalía, la querella y la propia víctima, L.P.T. (31) que brindó un desgarrador testimonio ante la jueza.
“Pido paciencia porque es un tema muy fuerte, tengo heridas internas de lo que ha sucedido, me encantaría poder aceptar las disculpas, pero pasó mucho tiempo, vino de rodillas, a mi y a diferentes personas de mi entorno, pero vuelve a cometer el acto y cada vez más fuerte tengo mucho miedo de que algo más grave suceda y lo siento en todo el cuerpo” dijo la víctima mirando al victimario en plena audiencia.
L.P.T. agregó además que “por primera vez puedo hablar, siento que me tiemblan las piernas, tengo miedo, quiero que la verdad se muestre y que todos hablen. Yo no soy la única, y quiero que el tribunal me dé la posibilidad de contar la verdad”.
La ex esposa del guardafauna aseguró en el relato que fue víctima de reiterados hechos de violencia física que incluyeron golpes de puño y patadas, además de amenazas.
Ante el pedido de suspensión de juicio a prueba, tanto la fiscalía como la querella se opusieron, por considerar que la característica de los hechos denunciados no encuadra en los protocolos internacionales que el país adoptó como propios en casos de violencia de género.
El fiscal Fernando Rivarola agregó que “los fiscales tenemos expresas directivas” de la procuración general chubutense para no aceptar este tipo de recursos e instar al esclarecimiento de los hechos, salvo que medie un pedido expreso de la víctima que no es justamente este caso.
Será ahora el tribunal compuesto por los jueces de la justicia penal chubutense Yamila Flores, Alicia Fernanda Révori y Ricardo Raúl Rolón los que deberán resolver la controversia que determinará si se avanza o no en el proceso de juicio oral y público como solicitó la víctima o se aplica la “probation” como pide la defensa.