La Diputada de Juntos por el Cambio, María Andrea Aguilera sostuvo que “no existen motivos para no haber celebrado las sesiones previstas para la semana pasada, es deber del Presidente convocar al recinto, algo que no sucedió”, indicó que “se atribuyó un conflicto gremial, que más que conflicto, es una extorsión que planteó el Sindicato APEL para impulsar recategorizaciones e incorporación de personal, todo ello sin concurso como prevé el Convenio”.
La Legisladora consideró que “es una vergüenza y reviste suma gravedad lo que está sucediendo en el Poder Legislativo. Se reunió la Comisión Paritaria Permanente para acordar, a escondidas, los ingresos y los ascensos. No se me permitió participar cuando, por el hecho de ser Diputada, soy un autoridad de la casa y no se me debe negar mi presencia en ninguna Comisión o limitarme el acceso a la información”, se suma a ello que “además del atropello que esto significa, me agredieron verbalmente al impedirme participar de la reunión”.
Aguilera subrayó que “son muchos los empleados disconformes con este desmanejo y lo manifiestan con justa razón porque se está avanzando en contra de la Ley. El Secretario General del Sindicato se cree el dueño del Poder Legislativo, recategorizando a su familia y negociando nuevos ingresos. Sin dudas, también tienen responsabilidad los Diputados que permiten esto e incluso son parte del acuerdo”.
“Tal es la irregularidad que no pudimos acceder al acta paritaria ni a los documentos que hacen al acuerdo. Lo solicitamos inmediatamente invocando la ley de acceso a la información pública y aguardamos aún la respuesta en el plazo de ley” comentó Aguilera y anticipó que “existe la voluntad política, manifiesta por el Gobernador y el Vicegobernador, de no permitir estos acomodos de personal porque el Estado no es la trinchera y el refugio de nadie y Legislatura no es la estancia de un sindicalista y sus amigos”.