Los tres magistrados coincidieron con la teoría del caso y la calificación jurídica solicitada por la Fiscal General Jefe de Rawson, Florencia Gómez. Para la acusadora, la duración de los abusos implicó un sometimiento gravemente ultrajante para las niñas. Una de las niñas fue abusada entre los años 2002 y 2012 y la otra, entre los años 2001 hasta el 2013.
La fiscal general Gómez consideró que la extensión en el tiempo de los abusos en contra de las dos menores por entonces, “ocurridas en la temprana infancia de ambas, debe merecer un plus sancionatorio” además de las características especiales que rodearon el caso, que debe ser considerado como “un sometimiento gravemente ultrajante para las víctimas”.
A ello debe sumarse el vínculo entre las dos víctimas y su victimario. Al respecto, la fiscal argumentó que “el abuso es considerado de mayor responsabilidad cuando es cometido por un pariente cercano. Está previsto en el Código Penal.
Ante la resolución de culpabilidad a la que llegaron los tres jueces, para la fiscal general Gómez existe el riesgo de peligro de fuga por parte J.P. pero en coincidencia con el defensor oficial Miquel Moyano, “una medida de coerción igualmente eficaz, pero menos lesiva que pueda cautelar suficientemente el peligro de fuga, es el arresto domiciliario además de la colocación de una tobillera electrónica”.
La pena mínima, de acuerdo a la calificación legal escogida, es la de ocho años de prisión efectiva.
El próximo viernes se espera conocer la pena en años y así el fallo completo. La defensa pidió el mínimo de la condena, ocho años y la Fiscalía 12 años de prisión efectiva por el daño producido a ambas niñas.
En Debate, la Fiscalía de Rawson estuvo representada por las Dra. Florencia Gómez, junto a la Dra. Silvina Nicholson y Dra. Gimena Marote Regonat