“Llegada la etapa donde está por iniciarse el verano y donde el comercio y las pequeñas y medianas empresas de Rawson pueden aprovechar una mayor dinámica en la actividad, observamos con preocupación la proliferación de carros, puestos frente a delegaciones municipales que sin ningún tipo de autorización, control bromatológico, ni retribución impositiva se instalan, generando una competencia desleal”, señalaron desde la Cámara.
Agregaron que “no se trata de tener miedo a competir. Todo lo contrario, el objetivo es que se generen cada vez más empleo dentro de la actividad económica de la ciudad y que se siga expandiendo la rama industrial que ha permitido a Rawson empezar a dejar de ser sólo considerada como la capital administrativa a un polo productivo, vinculado con la pesca y el desarrollo del nuevo Parque Industrial”.
Asimismo, lamentaron esta proliferación y aclararon que “competir contra locales que no pagan impuestos, no poseen controles, fijan precios sin ningún tipo de referencia, ni pagan servicios es un absurdo”.
Muy por el contrario de lo que se cree, indicaron que “el avance de la informalidad que en el país hoy se encuentra cercana al 50%, ha provocado algo de lo que hoy cuestionamos, pero que no terminamos de corregir: Fuentes cuasi-laborales que siguen empobreciendo y no aportan nada para el desarrollo de nuestra ciudad”.
Sobre el impacto, fueron contundentes: “El efecto es totalmente adverso. Negocios, empresas que se han instalado con todos los trámites al día, contratando personal según convenio y pagando salarios acordes a la realidad económica que vivimos hoy están al borde de la quiebra y muchos están tomando la decisión de cerrar. Son casos concretos, no se trata de una sensación, ni de una mirada apocalíptica”.
“Tenemos el deber de advertir sobre este tipo de fenómenos que terminan generando un efecto adverso, incluso para las arcas municipales. Porque los aportes de Ingresos Brutos, Servicios y Habilitaciones vienen del sector formal, del privado que hace el esfuerzo día a día y que ayuda a sostener el funcionamiento”, cuestionaron.
Por último, aseguraron que “solo se pide que se garantice y se proteja el normal funcionamiento de la actividad, sin generar competencia desleal”.