El delito que se investiga no está contemplado en los fueros sindicales y ahora la fiscal Florencia Gómez tendrá un plazo de seis meses para recolectar pruebas y ratificar su hipótesis.
Para la fiscal Gómez, ” los imputados utilizaron el gremio que conducen, como un medio para obligar a los empresarios a transferir dinero mediante amenazas para sus propios beneficios particulares”.
Asimismo, indicó que “presionaban en función de la rápida descomposición de la materia prima afectando seriamente al medio ambiente. Para ello se cubrían en un falso conflicto de incumplimiento paritario”.
Por su parte, para la jueza Breckle, “el hecho que se investiga es sumamente grave y han causado miedo y pavor a las presuntas víctimas y a sus familiares”.
Asimismo, evidenció que “afectaron la paz social provincial, las arcas provinciales, a los trabajadores y a otros sectores de la pesca”.
“Usaron su actividad gremial para un provecho propio mediante el pedido de una palabra que acá se dijo: la coima”, concluyó Breckle.