Participaron de los mismos la división judicial de investigaciones de esta ciudad, junto a personal del Equipo Técnico Multidisciplinario, indagándose a las personas que se encontraban a cargo del manejo de la cantera ilegal.
Conforme a los datos recabados se puede deducir que serían tres las personas involucradas, que mediante la utilización de máquinas cargadoras se ocupaban de vender áridos del terreno municipal, transacciones que en su mayor parte serían realizadas en efectivo.
El daño a prima facie resulta cuantioso para el erario público, tratándose de una cifra millonaria, de acuerdo a lo manifestado por el fiscal, en tanto la maniobra de sustracción se habrían incrementado luego de la pandemia. Las personas aludidas se dedicaban a la venta de áridos como actividad habitual.