Venter Jenks subrayó que la posición del Municipio de Sarmiento es claro desde el principio, cuando la Cooperativa les informó, sin notificar formalmente, sobre un traslado de costos de energía al valor del kilowatt. El viceintendente explicó este traslado del precio, sin la autorización del Concejo Deliberante, elevó el costo de 9 pesos, que estaba aprobado, a aproximadamente 45 o 47 pesos, lo que equivale al valor de mercado.
Ante esta situación, el Municipio respondió que dicho aumento no era legal. A pesar de la advertencia, CoopSar procedió con el incremento, lo que llevó al Ejecutivo a presentar una medida autosatisfactiva en el foro civil. El juez dictaminó una medida cautelar obligando a la cooperativa a devolver lo cobrado en exceso y a abstenerse de seguir aplicando el aumento. Sin embargo, CoopSar apeló fuera de término, cerrándose así el caso.
“La Cooperativa no cumplió con la medida judicial”, lo que llevó al juez a imponer una multa de un millón de pesos diarios hasta que se revirtiera el aumento y se devolviera el dinero cobrado en exceso. En respuesta, CoopSar emitió gacetillas afirmando que esta situación los llevaría a la quiebra y responsabilizando a la conducción municipal de atacar a la institución.
Venter Jenks resaltó que la cuestión de fondo es que CoopSar no puede justificar sus costos, ya que no paga a CAMMESA, la compañía mayorista de electricidad. Además, subrayó que el Municipio no está presionando a la Cooperativa, sino simplemente exigiendo el cumplimiento de la medida judicial. Destacó que la Justicia ya ha determinado las sanciones y es necesario acatar la ley.
“Coopsar debe cumplir con la ley y respetar la institucionalidad ante un procedimiento que se ha evitado”, remarcó el viceintendente, recordando que “hace 10 años esta Cooperativa no paga nada a Cammesa: ni la deuda, ni lo mensual que se consume de energía”.
“El Municipio vela por los intereses de los vecinos y el buen proceder de las instituciones en base a los contratos y las normativas establecidas en la Carta Orgánica”, recalcó el viceintendente, añadiendo que “lo que se tiene que respetar es la medida judicial. Y es la Justicia la que ordena a la Cooperativa qué es lo que tiene que hacer”.
El viceintendente concluyó que el incumplimiento de las disposiciones judiciales podría acarrear responsabilidades penales, y enfatizó la importancia de respetar el procedimiento y la ley para evitar precedentes negativos para Sarmiento.