La Justicia abre este miércoles el juicio por el intento de homicidio a Cristina Kirchner en 2022, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta en un fallido magnicidio que conmocionó a la sociedad y quebró un límite político.
El juicio se centra en los tres imputados -el atacante, su exnovia y el empleador de ambos como vendedores callejeros-, sin ocuparse de supuestos ideólogos o un posible apoyo financiero, pistas que la expresidenta Kirchner pidió que fueran investigadas y que forman parte de una causa paralela.
“Se llega al juicio con una investigación incompleta porque todavía falta saber muchas cosas acerca de las verdaderas motivaciones y si hubo otra gente involucrada”, sostuvo uno de los letrados de Kirchner, Marcos Aldazábal.
El abogado consideró de todos modos que será “muy importante para conocer el trasfondo de cómo sucedieron las cosas”, algo que espera salga a la luz durante las audiencias que se desarrollarán cada miércoles en un proceso que puede extenderse hasta un año y que contará con más de 300 testigos, entre ellos la propia Kirchner.
Los acusados
El agresor resultó ser un vendedor de dulces que en la noche del 1 de septiembre de 2022 atacó a Kirchner frente a su casa en Buenos Aires, mezclado entre cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarla cuando era juzgada por supuesto fraude durante su presidencia (2007-2015).
Sabag Montiel, de 37 años, apretó el gatillo dos veces sin que las balas salieran y fue arrestado allí mismo.
Su novia de entonces, Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta las inmediaciones del lugar del hecho, fue arrestada días después, al igual que Nicolás Carrizo, empleador de ambos como vendedores de dulces y señalado como posible “planificador”.
Sabag Montiel, también chofer ocasional de un servicio de autos de alquiler y portador de tatuajes con simbología filonazi, evidenció una personalidad “narcisista” y un discurso “extravagante” con elementos de hostilidad hacia Kirchner, según pericias.
Por su parte, Uliarte está acusada como “coautora” y señalada como instigadora, mientras Carrizo está acusado de complicidad.
Otras personas que habían sido arrestadas como sospechosas fueron liberadas conforme avanzó la investigación sobre la llamada “banda de los copitos”, el grupo de vendedores callejeros de algodón dulce al que pertenecían los imputados.