Conforme información suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación en lo que va del año no se entregaron insumos a las provincias para garantizar el acceso al a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Esto se debe a la falta de stock y a que los procesos de licitación para la compra de Misoprostol y Mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, sufren demoras desmedidas.
Esta información se condice con la suministrada por las provincias de Chubut, Córdoba, Santa Fe y San Juan. A su vez, representa un retroceso en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva, en tanto en el año 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona.
Esta situación ha profundizado las barreras en el acceso al aborto en las distintas jurisdicciones del país. De ello da cuenta el notable incremento de reclamos recibidos por Amnistía Internacional en el formulario para reportar diversas barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, que ha aumentado un 80% hasta el mes de agosto inclusive, en comparación con el 2023.
“La falta de entrega de insumos a las provincias incrementa las desigualdades entre las distintas jurisdicciones del país. El acceso a derechos no puede quedar sujeto al lugar en el que una niña o mujer le tocó nacer. El Estado Nacional debe garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad y no discriminación en todo el territorio nacional” expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
LA MIRADA INTERNACIONAL
Hace pocos días el Comité de los Derechos del Niño alertó sobre los retrocesos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes y exhortó al Estado argentino a adoptar medidas para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios y de personal sanitario capacitado para prestar servicios de aborto voluntario y legal y de atención postaborto.
El Estado tiene la obligación de proporcionar medicamentos para el acceso a la salud sexual y reproductiva sobre la base de la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS y cualquier medida regresiva en la materia podría comprometer su responsabilidad.