El Gobierno depositó en Martín Menem y en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la responsabilidad de frenar cualquier intento opositor que busque rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.
El proyecto, sancionado por amplias mayorías en ambas Cámaras del Congreso, “pone en riesgo la política de déficit cero que instauró Milei”, justifica el Gobierno. La ley implicaría para las cuentas públicas un gasto adicional de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los diferentes bloques del Congreso ya mostraron sus reparos ante el veto presidencial, en plena sesión de Diputados. El salón de Pasos Perdidos se convirtió en el escenario de las críticas y cuestionamientos a las políticas de ajuste del jefe de Estado.
En dos ruedas de prensa, los legisladores sumaron volumen a la construcción de mayorías contra la decisión del Ejecutivo.
Entre los radicales, se destacan Danya Tavela, Martín Lousteau, Carla Carrizo, Mariela Coletta y Natalia Sarapura. Desde Encuentro Federal, los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño y Natalia de la Sota; los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein; los “lilitos” de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli; Juan Brügge de la Democracia Cristiana y los del PRO, Guadalupe Tagliaferri y Álvaro González.
En la otra conferencia de prensa, los diputados de Unión por la Patria, que integran la comisión de Educación encabezada por Blanca Osuna y Hugo Yasky, también plantearon su rechazo.
En relación con los pasos para confirmar o no el veto se necesita de una mayoría de dos tercios de los votos. Es decir que, si asistieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171. El oficialismo, junto a los bloques del PRO, el MID y bloques menores, buscarán los números suficientes para bloquear esa mayoría.
El número ideal para los libertarios sería alcanzar los 87 diputados nacionales y bloquear cualquier intento de lograr las dos terceras partes del cuerpo legislativo, como ocurrió el pasado 11 de septiembre cuando Martín Menem logró que quedara firme el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria. En esa jornada, 153 votos fueron a favor de insistir con la ley, mientras que 87 fueron en contra y hubo ocho abstenciones.
A esos 87 diputados que sostuvieron el veto contra los jubilados, el presidente de la Nación los calificó de “héroes” y los invitó a cenar a la Quinta de Olivos, en un evento organizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En esas mayorías, La Libertad Avanza sumó a cinco diputados radicales díscolos y a las abstenciones de los ocho legisladores de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.