Se trata de la instrucción registrada bajo el número 004/24 P.G., que busca garantizar un manejo coherente y transparente de la acción penal pública en la provincia.
Con esta normativa, Miquelarena pretende unificar criterios en la inhabilitación especial de los integrantes de fuerzas de seguridad que hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El objetivo es asegurar que aquellos que incurran en actos ilegales no puedan continuar formando parte de estas instituciones, preservando así la confianza de la ciudadanía.
La instrucción establece que, al momento de la cesura de pena, se debe solicitar la inhabilitación para ejercer cargos en las fuerzas de seguridad, en línea con los principios del derecho sustantivo.
Además, se aclara que esta inhabilitación debe ser total, sin limitaciones a funciones específicas, garantizando que los condenados no puedan ocupar ningún cargo dentro de la fuerza.
Esta medida no solo responde a un imperativo legal, sino que también busca fortalecer la confianza pública en las instituciones de seguridad, evitando que aquellos que hayan cometido delitos continúen desempeñando funciones cruciales para la sociedad.