Los mandatarios esperan reunirse con Guillermo Francos y Luis Caputo. En Diputados avanzan en paralelo distintos pedidos para forzar el debate. “La negociación siempre está abierta, aunque hay temas que son muy difíciles de poder resolver”, declaró Francos.
“La Argentina necesita previsibilidad y calidad institucional. No avanzar en los consensos necesarios sería un error”, lanzó este fin de semana el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), tras un encuentro con su par cordobés, el peronista Martín Llaryora.
Aportando precisiones, Torres evidenció que el gobierno central “cobra impuestos con asignaciones específicas para rutas, puertos y obras públicas, pero no se ejecutan. Hay que eliminar o descentralizar esos impuestos”.
Con distintas estrategias, desde fuera y desde adentro del Congreso, la oposición y los gobernadores redoblan la presión sobre el Ejecutivo por el Presupuesto 2025.
El miércoles pasado, después de que el oficialismo suspendiera la reunión de comisión en la que estaba previsto dictaminar el Presupuesto, los mandatarios decidieron pedir una reunión conjunta con el jefe de Gabinete, Francos, y el ministro de Economía, Caputo.
Hasta ahora el diálogo venía dándose con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert. Pero frente al estancamiento, los gobernadores quieren sentarse directamente “con los que deciden”.
En la Casa Rosada responden que no hay nada previsto, pero este sábado Francos declaró en la radio Cadena 3 que “puede ser que haya” reuniones. “No están programadas todavía, pero sí han habido conversaciones”, afirmó, y agregó: “La negociación siempre está abierta, aunque hay temas que son muy difíciles de poder resolver”.
El eje de reclamo de los mandatarios tiene cinco puntos: la resolución de las deudas de la Anses con las cajas previsionales provinciales, la baja de la alícuota que la ex AFIP retira de las recaudaciones, la distribución de Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias, el pago de las deudas originadas en el Consenso Fiscal de 2017 y la coparticipación del impuesto a los combustibles.
Sin embargo, escudado en el “costo fiscal” -hablan de que esas medidas cuestan unos 3.700 millones de dólares- el Ejecutivo no cede con ninguno de los pedidos y los gobernadores sospechan que, como se trata de cuestiones ligadas a la coparticipación federal, la Casa Rosada se niega para no beneficiar a Buenos Aires, la provincia más grande y que por ende más torta recibe, comandada por Axel Kicillof.