Rodríguez está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y desde el año 2021 se encuentra investigando esta causa que ahora se encuentra en la etapa de juicio oral y público, con siete personas en el banquillo de los acusados. Rodríguez es acompañado en el debate iniciado este martes, por la funcionaria Analía Acuña y el abogado Diego Moya, integrante de la UFE-DAP
Torres Otarola, es la principal acusada en la causa, pero además están imputadas otras seis personas. Se trata de Miguel Ángel Reto Trelles, Silvana Daniel Cañumil, Branco Rodera Neira, Jaquelina Rodera, Mara Rodera y Facundo Solari Rodera, todos contratados como asesores por la ex funcionaria.
LAS IMPUTACIONES
A Torres Otarola se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por ocho hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Respecto de Cañumil se le imputa el delito de fraude a la administración pública, un hecho por concusión y dos hechos en calidad de partícipe secundario. A Miguel Angel Reto Trelles, se le imputa un hecho como partícipe primario en fraude a la administración pública.
A Jaquelina Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de partícipe primario por tres hechos.
A Marta Rodera, se le imputa el delito de fraude la administración pública, un hecho en calidad de partícipe primario. En el caso de Facundo Solari Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en un hecho como partícipe primario. Por su parte, a Branco Rodera Neira, el delito de fraude a la administración pública por un hecho como partícipe primario.
POSIBLES PENAS
Para el Fiscal, Cecilia Torres Otarola, “resulto pieza central de la actividad delictiva investigada”. Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. El fiscal general Omar Rodríguez adelantó que para la ex funcionaria, el pedido de pena no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.
A Jaquelina Rodera, se le pedirán tres años de prisión en suspenso más la inhabilitación especial por igual plazo, Mara Rodera dos años de prisión en suspenso, Facundo Solari Rodera dos años de prisión en suspenso, Miguel Ángel Reto Trelles dos años de prisión en suspenso y a Silvana Adriana Cañumil, tres años de prisión.