Según pudo saber TN, la firma del decreto estaba pedida para el viernes a la noche y se atrasó por una revisión técnica. El texto pasó por los equipos técnicos del ministro de Economía, Luis Caputo, de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, y del secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo.
La Casa Rosada reconoce que la decisión de avanzar a través de un DNU para habilitar un nuevo endeudamiento con el FMI fuerza los límites de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública -que fue sancionada durante la gestión de Alberto Fernández- y espera que haya presentaciones judiciales en su contra.
En Balcarce 50 sostienen que “la medida está dentro de las atribuciones que contempla la Constitución” y mantienen la postura de que “forma parte del marco de las facultades del Ejecutivo”. “Es probable que busquen llevarlo a la Justicia para frenarlo, pero como pasa con la mayoría de las medidas que impulsamos”, agregan en Nación.
El Ejecutivo sostiene que la situación judicial es distinta a la del DNU 70/23 y argumenta que, en este caso, “es más difícil demostrar el daño”. El encargado de defender al Estado es el Procurador General del Tesoro, Santiago Castro Videla, que reemplazó hace más de un mes a Rodolfo Barra.
Además, el Gobierno asegura que la medida se ampara en un decreto del 2006 del expresidente Néstor Kirchner y cree que logrará evitar que la Justicia frene la norma, que tiene fuerza de ley. “No es lo mismo que un proyecto de ley, pero no deja de ser un método legal”, agregan en el oficialismo.
La Casa Rosada busca blindar el DNU en la comisión bicameral de Trámite Legislativo del Congreso para que no llegue al recinto de ninguna cámara. Es parte de la estrategia que delineó la mesa política de Balcarce 50 para dilatar el tratamiento legislativo y acelerar la negociación con las autoridades del FMI. En los pasillos de Presidencia se habla de un monto total de entre u$s 10.000 millones y u$s 20.000 millones.
Fuente: TN