Tras la sorpresa que generó la firma del catedrático en contra de darle la licencia al juez federal, la Casa Rosada sostiene la atención en el máximo tribunal y en el Congreso.
En Casa Rosada saben que a la Cámara Alta solo le falta conseguir una firma para el dictamen de Mansilla (el de Lijo ya las tiene), el catedrático que fue designado en comisión en la Corte y que generó malestar en el ámbito legislativo. “Nos dijo que no quería ser nombrado por decreto y después pasó todo lo contrario”, dijo una fuente parlamentaria.
Si el dictamen consigue las nueve firmas, podrá ser tratado en el recinto, donde hay dudas de que sea aprobado. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran tener conocimiento de la situación. “Si el Senado rechaza a Mansilla, él se tendrá que ir”, dijo un funcionario del Gobierno.
El Gobierno también mantiene conversaciones con algunos gobernadores radicales que podrían intentar bloquear el rechazo de ambos pliegos en el Senado, a cambio de recursos durante este año electoral.
Esta situación es similar a la que ocurrió a finales de febrero, donde el Ejecutivo logró evitar la creación de una comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda Libra. En ese momento, seis senadores de la UCR que responden a sus gobernadores decidieron votar en contra de la medida.
La reacción del Ejecutivo ocurre tras la firma del flamante ministro en contra de la licencia de Lijo para que asuma su nuevo puesto sin dejar su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4.
En ese contexto, los radicales están en la mira del oficialismo como potenciales actores claves para cuidar la designación de Mansilla, pero también la de Lijo.
En la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta se encuentra Martín Lousteau -que ya presentó un dictamen en contra con Guadalupe Tagliaferri del PRO-, Mariana Juri, Maximiliano Abad y Carolina Losada. Estos últimos tres son los legisladores de la UCR en condiciones de firmar el dictamen de Mansilla.