El 3 de agosto de 2019, un joven de 21 años irrumpió en un centro comercial de la ciudad estadounidense El Paso, en Texas, y disparó contra quienes paseaban por el lugar. Asesinó a 23 personas en lo que se consideró por los investigadores como un “ataque racista”, ya que la mayoría de las víctimas eran de origen hispano.
El agresor Patrick Crusius fue identificado por las cámaras de seguridad del shopping, en donde se lo vio con una escopeta. Cuatro años después de su condena, el homicida -que hoy tiene 26 años- logró evitar la pena de muerte a través de un acuerdo en el juicio estatal.
Antes del ataque, el joven había publicado en Internet un manifiesto con contenido supremacista blanco, en el que expresaba su odio hacia los inmigrantes latinos y su intención de “detener la invasión hispana” en Texas.
La investigación estableció que Crusius manejó más de 1.100 kilómetros desde su casa en Allen, Texas, hasta El Paso para concretar la masacre. Al llegar al centro comercial, ubicado cerca de la frontera con México, entró armado con un rifle de asalto y empezó a disparar.
El ataque dejó 23 muertos y 23 heridos, que en su mayoría eran ciudadanos mexicanos que habían cruzado al país para hacer compras. El más joven de los fallecidos era un adolescente de 15 años.
En ese momento, el agresor intentó escapar de la escena, pero fue detenido por la policía sin oponer resistencia. Luego de su detención, confesó que su objetivo era atacar a la comunidad hispana.
A partir de su captura, Crusius enfrentó un extenso proceso judicial que incluyó cargos tanto a nivel federal como estatal. En el ámbito federal, recibió 90 imputaciones, incluidos delitos de odio y el uso de un arma de fuego en un crimen de violencia.
En 2023, se declaró culpable de todos estos delitos y recibió una sentencia de 90 cadenas perpetuas consecutivas, lo que garantiza que pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional.
A nivel estatal, la Fiscalía del Condado de El Paso había solicitado la pena de muerte. Sin embargo, el fiscal del distrito, James Montoya, anunció el martes que se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que evitaría la ejecución. Este trato sería a cambio de una sentencia de perpetua, sin posibilidad de libertad condicional ni apelaciones.