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Titulares

Cuál es el caso por el que se aplicó la “reiterancia delictiva” en un caso de violencia de género en Chubut

Se trata de un sujeto con un amplio prontuario de conductas violentas y tres legajos en etapa preliminar, el cual acumulaba una decena de hechos de similares características donde la víctima siempre fue su ex pareja; y, atendiendo a los riesgos procesales y a la figura de reiterancia delictiva, el juez penal resolvió, durante la audiencia de control de detención, dictar su prisión preventiva.

El pasado 18 de abril, en la localidad de Esquel, se llevó a cabo la audiencia de control de detención de “R. A.”, detenido en flagrancia por violar una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja.

El imputado registra 8 causas penales previas por violencia de género contra la misma víctima, sumado a tres legajos fiscales en etapa preliminar por delitos similares.

Durante la audiencia, el juez penal Carlos Richeri, atendiendo lo expuesto por la fiscal Cecilia Bagnato, resolvió dictar la prisión preventiva para el imputado, fundamentando la medida en el riesgo de reiterancia delictiva, en función de su historial recurrente de historias violentas.

REITERANCIA DELICTIVA

La nueva figura incorporada al Código Procesal Penal de Chubut a partir de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, se alinea con la reciente reforma federal incorporada en la Ley 27.785, siguiendo una tendencia nacional que busca dar previsibilidad al accionar judicial sin vulnerar garantías constitucionales, respetando el principio de legalidad y la presunción de inocencia.

El artículo 20, en su nueva redacción, instruye al juez a tener especialmente en cuenta la reiterancia delictiva como uno de los elementos para valorar el peligro de fuga. A su vez, el artículo 221 precisa que la existencia de varios procesos penales activos contra una misma persona será considerada una circunstancia relevante al momento de definir medidas de coerción.

Con esta ley, la Provincia del Chubut se coloca a la vanguardia de una política procesal moderna, centrada en el equilibrio entre garantías y eficacia, dando respuesta a una ciudadanía que exige un sistema penal más ágil y confiable.

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