La decisión, que surge en medio de un clima de indignación, pone el foco en la actuación del magistrado, cuya gestión en el caso ha sido ampliamente cuestionada.
El ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, fue tajante al señalar que no fue el sistema judicial el que falló, sino la persona encargada de garantizar que Vargas no pudiera escapar.
Según el ministro, “la fuga del condenado es resultado de una mala decisión judicial, al no haber tomado en cuenta el riesgo evidente de fuga, especialmente con la proximidad de la cesura de pena, que podría haber llevado a una condena perpetua por femicidio”.
Iturrioz aseguró que el riesgo de fuga estaba claramente acreditado. “El riesgo estaba latente”, afirmó en diálogo con FM Del Lago, refiriéndose a la naturaleza del crimen y la gravedad de la condena que enfrentaba Vargas.
Además, el titular de la cartera de Seguridad explicó que la jurisprudencia vigente establece que, una vez que se acredita el riesgo, no es necesario volver a acreditarlo en cada etapa del proceso.
Sin embargo, según el gobierno, el juez Novarino no habría actuado en consecuencia, permitiendo que Vargas permaneciera en arresto domiciliario en lugar de ser trasladado a una prisión preventiva, lo que habría evitado su fuga.
Como respuesta a la fuga, el gobierno provincial ha decidido tomar medidas. Iturrioz anunció que se pedirá formalmente que se abra una instancia sumarial contra el juez Novarino en el Consejo de la Magistratura. Este organismo es el encargado de investigar la conducta de los magistrados y tomar las acciones pertinentes en caso de irregularidades en su actuación.
“No falló el sistema, falló la persona, falló el hombre, el juez”, concluyó Iturrioz, dejando claro que el gobierno buscará que el Consejo de la Magistratura evalúe la responsabilidad del juez en este episodio.