El imputado, identificado como C.A.Z., se encontraba en libertad durante el proceso. Tras reconocer su responsabilidad penal en el marco de un juicio abreviado, fue detenido y se dispuso su traslado a una unidad carcelaria.
La investigación fue llevada adelante por el funcionario de fiscalía Patricio Perayre y la fiscal jefe Silvia Pereira, quienes lograron reunir pruebas testimoniales y periciales determinantes para sostener la acusación. El juez penal Marcos Nápoli homologó el acuerdo de partes y dictó la sentencia condenatoria.
Según la causa, los abusos se perpetraron en un período que se extendió desde el 2 de septiembre de 2013 hasta una fecha anterior al 2 de septiembre de 2022. El condenado actuó con conocimiento del daño que provocaba, aprovechándose de la edad, la inexperiencia y la situación de vulnerabilidad de la víctima.
Además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá afrontar las costas del proceso.