El Gobierno estudia el impacto fiscal de elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles por pedido de los gobernadores.
El Ejecutivo no descarta impulsarlo a través de un proyecto de ley y analiza también regularizar el envío de fondos hacia las provincias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Todo lo que está a nuestro alcance y no altere el equilibrio fiscal, lo vamos a hacer”, expresan en Nación.
Se trata de uno de los puntos que trató el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los cinco mandatarios provinciales que recibió esta mañana: Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. El encargado de trabajar el detalle técnico es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
La Casa Rosada busca sumar a la mesa de negociación los pliegos para completar los 150 juzgados vacantes, que no envió todavía al Senado más allá de que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, lo anunció en noviembre en conferencia de prensa. “Nos gustaría que sea uno de las cuestiones a resolver con las provincias”, agregan.
El Gobierno además les aseguró a los gobernadores que vetará el aumento de las jubilaciones junto con la prórroga de la moratoria previsional en caso de que el Senado le dé sanción completa. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la iniciativa en la primera semana de junio con apoyo a la oposición de mandatarios provinciales aliados del oficialismo.
RUTAS EN MANOS DE LAS PROVINCIAS
El Ejecutivo sostiene también que quiere cederle nuevas atribuciones a las provincias para que se hagan cargo de proyectos de obra pública que dependen de Nación, como las rutas. Forma parte de la negociación por el aumento del porcentaje de coparticipación del impuesto a los combustibles.
La Ley 23.966 estableció que la recaudación del impuesto a los combustibles se distribuya en un 10% al Tesoro, el 15,07% para el FONAVI, 10,40% a provincias, 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para el Fondo de Compensación Transporte Público. La mayoría de estas estructuras financieras ya fueron eliminadas.
La Casa Rosada quedó en mantener una mesa de diálogo con los gobernadores y se comprometió de responder los pedidos de forma oficial luego de que los mandatarios se reúnan nuevamente en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Trabaja mientras en una reforma impositiva, que buscará tratar en el Congreso luego de las elecciones legislativas de octubre.