La propuesta busca reemplazar la actual Ley 25.188 y construir un verdadero régimen de integridad institucional que permita prevenir y combatir la corrupción desde su raíz.
“Buscamos combatir y frenar la corrupción y consolidar una política pública de integridad para el Estado argentino”, afirmó Roxana Reyes, quien desde hace años impulsa propuestas legislativas orientadas a transparentar el uso de los fondos públicos, mejorar el funcionamiento del Estado y garantizar que el poder se ejerza con responsabilidad.
El proyecto tiene como antecedente una iniciativa del exdiputado nacional y actual vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y recoge las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de ética pública. Según explicó la legisladora, se trata de adecuar la legislación vigente a la experiencia acumulada, dotando al Estado de herramientas más eficaces para garantizar la integridad de la función pública.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la prohibición del uso político de los recursos del Estado, incluyendo vehículos oficiales, edificios públicos, redes sociales institucionales y todo tipo de bienes estatales, que no podrán ser utilizados con fines partidarios, personales o electorales. La iniciativa también prohíbe expresamente que las obras públicas, programas o acciones del gobierno lleven el nombre o la imagen de funcionarios, una práctica que confunde propaganda con gestión.
Otra medida destacada es la prohibición de designar familiares de funcionarios en la administración pública, abarcando no solo el nepotismo directo sino también las designaciones cruzadas o recíprocas entre distintas áreas del Estado. “Queremos que la función pública deje de ser un espacio de acomodos y privilegios, y vuelva a ser un servicio al ciudadano”, señaló Roxana Reyes.
La ley también incluye el principio de Ficha Limpia, para impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan asumir cargos públicos. En esa línea, se establece un nuevo régimen obligatorio y accesible de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, con criterios de publicidad digital, control periódico y sanciones para quienes no cumplan.
Asimismo, la iniciativa incorpora un régimen integral de conflictos de intereses, que obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en decisiones que afecten directa o indirectamente sus intereses o los de sus familiares. También se exige que los candidatos a cargos públicos y dirigentes partidarios presenten declaraciones juradas antes de competir en elecciones, bajo pena de quedar inhabilitados para participar.
Para Roxana Reyes, esta propuesta responde a la necesidad de asegurar que los actos de gobierno se realicen con la única motivación de servir al interés público, evitando cualquier confusión entre la gestión de los recursos estatales y los intereses personales o partidarios de quienes los administran. “Es fundamental que los recursos del Estado no se utilicen para el beneficio político de unos pocos, sino para el bienestar de toda la comunidad”, expresó.
El proyecto, ya presentado en la Cámara de Diputados, apunta además a alinear la legislación argentina con los compromisos internacionales asumidos en materia de lucha contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. “Una conducta ética y transparente es indispensable para mantener la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y preservar los valores de nuestra democracia”, destacó la diputada.